En la República Dominicana el crecimiento económico no ha reducido de manera significativa la tasa de desempleo, como para sustentar la afirmación hecha en Nueva York por el Presidente Danilo Medina, de que su Gobierno ha sacado de la pobreza a 788,000 personas. El crecimiento económico tampoco ha impulsado mejora en el salario mínimo formal, así que ni siquiera los asalariados de ese nivel han progresado en función del crecimiento del PIB.

Estas cifras, que de por sí no tienen base de sustentación, palidecerán aún más a partir de que el Banco Mundial, que considera irreales los parámetros actuales para el cálculo de la pobreza, eleve de US$1.25 a US$1.90 por día el ingreso mínimo de la línea de pobreza global. Este cambio tan dramático provocará aumentos considerables en la cantidad y distribución de los pobres en el mundo, y hará desmontar las cifras irreales de superación de pobreza atribuidas a la República Dominicana.

La decisión del Banco Mundial está basada en el hecho de que el descenso real en el poder adquisitivo ha empobrecido tanto a la gente, que el rasero de US$1.25 dólares no refleja la realidad de la pobreza existente. El Gobierno ha debido guardar cierto recato en cuanto a manejar de manera clientelar parámetros como el ascenso social y nivel de pobreza, cuya fidelidad hasta el Banco Mundial está poniendo en duda.

  Contra los falsos medicamentos

El mercado de las medicinas falsificadas mueve tanto o más dinero que el de las drogas, con la agravante de que los medicamentos están supuestos a devolver la salud, no a quitarla. De ahí que toda acción de las autoridades contra el mercado ilícito de fórmulas farmacéuticas, alteradas o falsificadas, como los operativos recientes efectuados en Santiago y Moca, debe ser ampliamente respaldada, porque es una manera de librar a muchos enfermos de la tragedia de consumir medicinas que no curan sus enfermedades o que las agravan con riesgo para sus vidas.

Las autoridades deben sentirse estimuladas a llevar hasta las últimas consecuencias la persecución de toda actividad ilícita que atente contra la salud de los ciudadanos y contra laboratorios y marcas que se acogen a las leyes y la ética.