A raíz del escándalo por la venta irregular de los terrenos de Los Tres Brazos, el Presidente Danilo Medina ordenó la liquidación de CORDE y destituyó a su director. Esa intervención constituyó un alivio para los habitantes del sector que estaban bajo la presión de la firma privada favorecida por el consorcio estatal, que les estaba cobrando los solares. Pero las cosas no han pasado de ahí, como si el negocio no fuera lo suficientemente grave como para llevar a sus autores a la justicia.
Tal como se hizo con CORDE, una comisión designada por el Presidente hace indagaciones en el CEA para verificar las condiciones en que se han hecho transacciones inmobiliarias y de otras índoles. Esa misma comisión ha decidido que se hagan bajo auditoría los pagos de los salarios de unos cuatro mil trabajadores de la entidad estatal. Si la investigación profundiza lo suficiente, de seguro encontrará serias irregularidades en ese complejo industrial.
En CORDE, el CEA y otras dependencias oficiales es preciso hacer labores de saneamiento que permitan detectar eventuales indelicadezas en el manejo del bien público. Hay que inventariar y auditar todas las propiedades oficiales, para verificar su estado actual. Los terrenos del Estado no pueden ser objeto de transacciones que vulneren el interés público. Y la destitución pura y simple de funcionarios no redime las culpas.

Dejen trabajar  a la UASD

Los profesores mantienen trancado el juego en la UASD. De manera unilateral, los profesores han decidido hacer cambios en el acuerdo logrado en una reunión con la rectoría y con la mediación del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. No es de caballeros modificar los pactos antojadizamente y a espaldas de los demás suscribientes. Por causa de la huelga, los estudiantes de la universidad estatal han perdido tres semanas de docencia, y no está claro cuándo se les permitirá volver a clases.
Si ya hay un acuerdo y había el propósito de someterlo al Consejo Universitario, la modificación del mismo significa una vuelta atrás fruto de la imposición y el abuso, y los más perjudicados en sus derechos son veintenas de miles de estudiantes. Los profesores deben modificar su actitud y reanudar la docencia y las negociaciones.