BUENOS AIRES. Las tres centrales obreras opositoras a la presidenta Cristina Kirchner tratarán el jueves de paralizar Argentina con una huelga nacional, la segunda en lo que va del año, en demanda de mejores salarios, en un país con síntomas de recesión, una inflación sin tregua e incertidumbre financiera.

«Hagan lío, dijo el Papa. Y le estamos haciendo caso. ¡Je!», ironizó en tono burlón el sindicalista Hugo Moyano, al evocar un discurso del papa Francisco en Brasil.

Moyano es el principal líder de la protesta y jefe de la CGT-Balcarce, el sector antikirchnerista de la mayoritaria Confederación General del Trabajo.

Maquinistas de trenes, bancarios, portuarios y camioneros son algunos de los poderosos gremios convocantes, pero no lograron la adhesión de los choferes de autobuses, transporte crucial que en el primer paro, el 10 de abril, vació de gente las calles, los lugares de trabajo y las escuelas. «Están coqueteando demasiado con el gobierno y los funcionarios», criticó a los choferes Pablo Micheli, jefe de un ala antigubernamental de la central CTA, con raigambre en los sindicatos de trabajadores estatales.

El gobierno aseguró que el paro es un derecho constitucional, pero Kirchner lanzó una advertencia contra medidas de fuerza en un momento difícil para la economía al exhortar a los argentinos a «cuidar lo que se ha logrado» en la última década con una política de consumo y empleo.

– Reclaman eliminar un impuesto – La economía registra caídas desde el primer trimestre, aún moderadas como para considerar al país sudamericano en crisis, pero son duras las secuelas de suspensiones y despidos en industrias estratégicas como la automotriz. «Adherimos al paro.

Va a ser un paro nacional», dijo Omar Maturano, jefe del sindicato La Fraternidad de conductores de ferrocarriles de pasajeros y de transporte de mercancías. Los sindicatos denuncian que la inflación anual superior al 30% castiga sin piedad los bolsillos de los asalariados y el desempleo creció de 7,1% a 7,5%. Las demandas formales de la huelga son derogar el impuesto a las Ganancias que cada día pesa más sobre los salarios y aumentar subsidios familiares.

– Puja en el gobernante peronismo – Pero el telón de fondo de la movilización es la implacable puja interna desatada en el seno del gubernamental peronismo, cuya ala de centroizquierda está en retirada ante la imposibilidad constitucional de Kirchner de presentarse a una segunda reelección en 2015.

Moyano y sus compañeros de ruta del peronismo sindical están empeñados en una demostración de fuerza con miras al año electoral, aunque aún no han expresado a quién respaldarán. Las encuestas de intención de voto marcan que la lucha por el poder estará de nuevo entre dos peronistas, uno de ellos aliado circunstancial de Kirchner, Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires (la más poblada) y el otro enemigo feroz de la mandataria, el diputado Sergio Massa.

La semana arrancó con fuego de artillería verbal, al expresar el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, que los huelguistas «están bancados (financiados) por los fondos buitres», como se llama en la jerga financiera a los grupos inversionistas que litigan contra el país en EEUU por un impago.

«La verdad que es un pelotudo (estúpido)», respondió sin eufemismos a la acusación, Luis Barrionuevo, del gremio de Gastronómicos y uno de los tres jefes de la huelga junto con Moyano y Micheli.

– Inestabilidad financiera – Bajo la consigna «Patria o buitres», Kirchner recuperó parte de su debilitada imagen al demonizar a los fondos especulativos que ganaron un juicio en Nueva York para cobrar el 100% de bonos en mora, conflicto que derivó en un «default selectivo» de la deuda argentina.

Pero la tensión se transmitió ahora al mercado cambiario, donde el precio del dólar informal alcanza una brecha de 70% con la cotización oficial, aunque analistas sostienen que grandes empresas presionan por una devaluación para mejorar las alicaídas exportaciones. En Argentina hay unos 11 millones de trabajadores registrados, de los cuales el 40% está sindicalizado, en tanto que otros cuatro millones carecen de empleo formal.