SANTO DOMINGO
El 8% de las muertes maternas en República Dominicana se debe a las condiciones insalubres de los abortos clandestinos como consecuencia de la penalización absoluta de la interrupción del embarazo, según un estudio difundido el lunes por la organización Human Rights Watch.
República Dominicana es uno de los cinco países de América en donde el aborto está complemente prohibido y no se permite incluso cuando la vida de la madre esté en peligro. En la nación caribeña esta prohibición “es un caso muy fuerte, con consecuencias muy graves», consideró en conferencia de prensa Emma Daly, vocera de la organización.
Según datos del Ministerio de Salud, con 101 muertes por cada 100.000 habitantes, esta nación ostenta una de las tasa más altas de mortalidad materna en la región. Y de esa cantidad, el 8% está relacionado de forma directa con la clandestinidad de los abortos. En su informe “Es tu decisión, es tu vida», Human Rights Watch evaluó las consecuencias de la prohibición y recomendó al Congreso bicameral la despenalización de la interrupción del embarazo al menos en tres ciertas circunstancias. Margaret Wurth, autora de la investigación, detalló que cerca de 25.000 mujeres, incluidas menores de edad, son atendidas cada año en los servicios de salud por complicaciones derivadas de abortos realizados de forma clandestina e insegura. Insistió que, pese a la penalización, las mujeres “siempre han desafiado la prohibición», incluso poniendo en riesgo sus propias vidas. También detalló que según datos de las propias autoridades, cerca del 50% de los embarazos en el país no son ni planificados ni deseados. De las 50 mujeres mayores de 15 años entrevistadas por Wurth para su estudio, 47 dijeron haber tenido un embarazo no deseado y 29 intentaron abortar con brebajes caseros, hierbas, somníferos, falta de alimentación e incluso con golpes contundentes en el estómago. “Las consecuencias de esta prohibición para la salud pública son muy graves», insistió Wurth. Human Rights Watch presentó su estudio en momentos en que el Congreso mantiene bajo estudio un nuevo código penal.