ICSSI demanda a Autoridad Portuaria Dominicana por más de US$253 millones

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En la edición del 25 de enero de este año, publiqué en este prestigioso medio un artículo bajo el título “Del contrato de inspección contenedores con Rayos X a Odebrecht, corrupción transnacional”.

Entre los datos que revelé, está el de que los abogados locales del doctor Salomón Melgen, dueño del leonino contrato y ahora procesado en Norteamérica, llegaron a plantear que de no aceptarse su puesta en ejecución llevarían el caso a un tribunal de arbitraje internacional y demandarían al Estado Dominicano por la suma de US$350 millones. Paradójicamente, quienes así amenazaban, han sido connotados pontífices de lucha en contra de la corrupción y del narcotráfico.

Ahora resulta que la firma ICSSI, S. A. ha notificado a la Autoridad Portuaria mediante el acto de alguacil número 585, de fecha 11 de septiembre, una supuesta deuda por el monto de US$253,217,288, por concepto de supuestos servicios de inspección de contenedores mediante rayos x en los puertos del país.
Aunque este absurdo intento resulta risible, parece ser parte de un plan orquestado sobre la base de aprovechar cierta coyuntura, una conjunción de actores colocados en lugares muy interesantes, que parece favorecer para ejercer presión al más alto nivel en la búsqueda, aparentemente ya desesperada, de recuperar al menos lo que gastaron mal.

Aunque el contrato tiene varios dueños, como explicaron públicamente Miguel Cocco, Rafael Camilo y Fernando Fernández, en nada extraña que no sea el doctor Melgen, o sus primos abogados, el que pretenda este insolente pago.
Aparentemente lo han querido sacar de la escena debido a su delicada situación legal en USA y el documento, al menos para este propósito de cobro de un servicio que nunca lograron establecer, ha retornado a su origen. Habrá que ver qué dirá también el célebre empresario Mustafá Abud Naba´a.

Siempre ha estado claro que a toda esa gente les importa un bledo la seguridad de los puertos dominicanos o la lucha en contra del narcotráfico, del lavado de activos, o las recaudaciones de aduanas. A todos esos personajes lo que les importa es sacar dinero como sea y el contrato es una mina de diamantes.

Se recuerda que el último intento fallido de poner el contrato en vigencia ocurrió a raíz de la designación mediante Decreto 757-11, de una comisión en la que figuraba la empresa propiedad del doctor Salomón Melgen como miembro de la misma.
Mis fuentes aseguran que él asistió a los debates, acompañado de sus abogados. Eso da una idea clara de hasta donde llegó la presión ejercida en contra de la posición de los funcionarios de aduanas que señalé en el artículo anterior.

Como se puede observar, los intrépidos e impenitentes victimarios se animan a exigir montañas de dinero a la víctima: el Estado Dominicano. Si es que de algún modo o monto logran salirse con la suya, habría que aspirar a que por lo menos la embajada de los Estados Unidos se anime a tomar alguna acción contra todos aquellos que se vean envueltos en este otro pretendido modelo de desfalco.

Hago un llamado vehemente al Consejo Nacional de la Empresa Privada y a la Dirección General de Aduanas para que se mantengan firmes en el propósito de evitar que el país sufra este descarado despojo. No dejen sola a la apordom, que puede haber peligros a la vista.
Exijan por todos los medios una respuesta honorable al Tribunal Constitucional que no podría ser otra que la del rechazo total del contrato.


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