La Junta Única de Resolución (JUR) reconoció que había ignorado ofertas de Deutsche y Barclays para salvar al Banco Popular de España.
Las ofertas fueron hechas a través de dos cartas firmadas a principios de junio de 2017 por Barclays y Deutsche Bank, en las que ambos bancos de inversión se mostraban dispuestos a asegurar cada uno hasta 2.000 millones de euros en el marco de una futura e hipotética ampliación de capital de Popular.
El reconocimiento de la agencia de la Unión Europea aparece en una respuesta escrita remitida a varios afectados, según publicó el diario Expansión.

“Respecto a los rumores recientes sobre una potencial ampliación de capital garantizada por Deutsche Bank y/o Barclays, la JUR querría hacer notar que no había ninguna indicación en el momento de la resolución de que ninguna medida del sector privado pudiera haber evitado la caída de Banco Popular dentro de los plazos disponibles”, señala el escrito, que no concreta si las autoridades europeas eran conocedoras de estas dos misivas pero las consideraron insuficientes dada la urgencia del momento, o si ni siquiera llegaron a conocerlas y, por lo tanto, no pudieron considerarlas siquiera.

Sectores próximos a los antiguos accionistas de Popular llevan meses poniendo el foco en el hecho de que dos bancos de inversión mostraran su intención, al menos preliminar, de asegurar con 4.000 millones de euros una operación como aquella.
En su estrategia procesal, encaminada a poner en duda el proceso de resolución (tildándolo como innecesario y poco menos que una expropiación), la emergencia de una opción privada como aquella podría apoyar la idea de que al banco se lo resolvió sin explorar otras opciones menos costosas para accionistas y dueños de otros instrumentos de deuda.

Según el diario Expansión, fuentes próximas a los antiguos responsables de Popular confirman que las dos cartas existieron, si bien no conllevaban ningún tipo de compromiso definitivo.
Es más, en la medida en que no se ponía un precio siquiera indicativo, los impulsores de esta ampliación de capital frustrada no podían saber si los antiguos accionistas podrían llegar incluso a sufrir una dilución prácticamente total.

En su escrito, la JUR insiste en que la decisión de resolver el Popular se basó en su interés público. La caída del banco, la madrugada del 6 de junio, implicaba la imposibilidad de abrir al día siguiente, lo que habría afectado a empresas, familias e individuos, causando un daño impredecible en la economía española y, por efecto contagio, en el sector financiero.