Nacer en el hospital Jaime Mota de Barahona conlleva elevados riesgos para la salud y vida, en un país que se destaca por altos índices de mortalidad materno-infantil a nivel nacional. Seis recién nacidos murieron en los días últimos y más de cuarenta en todo un año. Recursos técnicos imprescindibles para la delicada atención a los bebes han estado ausentes allí, lo mismo que la atención prenatal. Las parturientas de sectores marginados, entre las que se incluyen muchas adolescentes, están notablemente expuestas a contingencias mal resueltas o agravadas por precariedades de gestión en los hospitales.
La protección a la salud de madres y sus criaturas está en crisis en muchos sitios de República Dominicana, con decesos de neonatales en preocupante número; con un hospital Arturo Grullón, de Santiago, que no sale de problemas y con el centro de referencia por antonomasia: el Robert Reid Cabral, casi en lo mismo. El Estado invierte en el campo de la salud sin mirar para los lados, reparando poco en las urgencias que aparecen al margen de su ímpetu constructor. La novedad de los edificios bonitos llena sus ojos mientras dejan de funcionar los procedimientos, suministros y tecnologías de obligada disponibilidad en centros que de viejo existen y en los que pueden morir pacientes por fallas elementales porque la supervisión y logística de lo micro no parece cumplir sus fines.

La tendencia a frustrar reformas

El empeño por imponer primarias abiertas, obligatorias y simultáneas se suma al historial de obstáculos que suelen cerrar el camino que llevaría a fijar normas que regulen con equidad los procesos electorales y eliminen de una vez por todas el viejo esquema que tolera el uso del poder para que el pez grande se trague al chiquito al echarse las palomas. Dinero y otros recursos con el Estado de un solo lado.
La alternativa de la hora es: que unas “generosidades” para conquistar voluntades logren quórum para aprobar la ley de partidos que incluiría la consulta preelectoral forzada que la mayoría del espectro político y sectores económicos, sociales y religiosos del país objetan; o que la discordancia legislativa impida llegar a cualquier conclusión sobre la forma imparcial de regir elecciones y superar los vicios del pasado.