La variación de las medidas de coerción a los principales imputados del caso Odebrecht, el empresario Angel Rondón y el exministro  de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, ha encendido las redes sociales, donde hay mucha gente preguntándose  si ya no están en capacidad de alterar, ocultar o desaparecer eventuales  pruebas en su contra, uno de los “presupuestos“ esgrimidos por el juez Francisco  Ortega, a quien le han dicho hasta del mal que se va a morir (en realidad le han dicho cosas peores), para enviarlos  a prisión durante un año. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Se podrá alegar que la libertad es la regla, el estado ideal de todo imputado hasta que se le demuestre en los tribunales que es culpable de lo que se le acusa, y que el hecho de que  todos los imputados por el escándalo de sobornos y corrupción de Odebrecht no guarden prisión preventiva no quiere decir que el caso quedará impune. El problema es que en este fallido paraíso tropical esa es una posibilidad tan cierta como que estamos en la fatídica ruta de los huracanes, como nos recordó el poeta Pedro Mir, pues a  los que son enjuiciados por corrupción la libertad es la única regla que se les aplica, y de ahí que prevalezca la percepción, en las redes sociales y mas allá, de que la impunidad volverá a imponerse en este caso. Por eso, cuando el doctor  Jean Alain Rodríguez  dijo,  al reaccionar  a la decisión del juez Ortega, que se trató de la “crónica de una muerte anunciada”, entendimos perfectamente el mensaje. Porque  lo que puede estar   anunciando esa crónica,  y nadie más autorizado que el Procurador General para saberlo, es la impunidad con la que se pretende proteger a  los involucrados en el  mayor escándalo  de corrupción de nuestra historia, que ya es decir demasiado.