El empresario Ángel Rondón, identificado también como “el hombre del maletín”, era el cabecilla del entramado de corrupción mediante el cual Odebrecht consiguió 17 contratos para la construcción de multimillonarias obras públicas, a cambio del pago de US$92 millones de sobornos.
Así consta en la instancia del Ministerio Público solicitando la imposición de medidas de coerción contra las 14 personas implicadas en el hecho doloso.
Primera obra. La estructura de corrupción, asociación de malhechores y soborno conformada por Odebrecht y Rondón inició con el acueducto de la Línea Noroeste, obra por la que se pagaron sobornos por un monto de US$3,235,228.82 a favor de Roberto Rodríguez Hernández, entonces director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA); Andrés Bautista, presidente del Senado; Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados; y Víctor Díaz Rúaz, posterior director del Inapa.

De acuerdo con el testimonio del exgerente general de Odebrecht en el país, Marcos Vasconcelos Cruz, en el 2002 Rondón le ofreció sus servicios al consorcio brasileño, quien para darle pruebas de su eficacia, realizó gestiones para que le concedieran el proyecto.
Rondón tenía una estrecha relación con Rodríguez Hernández, quien accedió a viabilizar todos los trámites para conseguirle el contrato a cambio de dinero, para lo cual, tres años después, le introdujo una adenda ilegal al contrato.
En el Congreso contactó a Bautista y a Pacheco, quienes aceptaron sumas de dinero en dólares, no especificadas, para agilizar la aprobación del préstamo y el contrato.
Como evidencia de los sobornos recibidos por el exdirector del Inapa, el MP indica que en solo dos días del mes de abril del 2006, después de haber dejado el cargo, hizo sendos depósitos bancarios por RD$100 millones, en su cuenta número 72773510 del Banco Popular.
Agrega que desde su entrada al Estado fue incrementando su patrimonio y adquiriendo nuevos inmuebles y múltiples compañías que no se justicaban con sus ingresos.
La ampliación. El acueducto de la Línea Noroeste fue ampliado gracias a un contrato firmado en el año 2005 por Víctor Díaz Rúa, quien estaba al frente Inapa.
Para aprobar este proyecto, que tuvo una adenda de US$10,075,939.18 que se sumaron a la partida original de US$79,850,000, Rondón recibió US$1,597,000 para el pago de sobornos a Díaz Rúa, Bautista y Pacheco.
Resalta que tras la firma de ese acuerdo Díaz Rúa depositó, en menos de dos meses, RD$2,400,000 en el BHD. Además dice que aumentó la cantidad de bienes muebles e inmuebles que están a su nombre.
Coral. Agrega que en el caso de la Autopista del Coral, Díaz Rúa exigió a Odebrecht firmar un contrato de representación legal por el 1.25% del valor total del proyecto “con su amigo, abogado y testaferro” el imputado Conrado Pittaluga, tras lo cual Hormigones Moya cedió el contrato de dicha autovía a Odebrecht.
Por esas acciones Díaz Rúa y Pittaluga recibieron una suma de US$6,629,080.
Otros US$5,445,386.73, equivalente al 2% del monto de la obra, “fue utilizado para sobornar a funcionarios y legisladores”, dice la instancia del MP.
En esta obra, además de Díaz Rúa y Pittaluga, incluyen a Tommy Galán, Temístocles Montás, Julio César Valentín y Ruddy González.
A este mismo grupo se le atribuyen las aprobaciones del Corredor Duarte, que tuvo una partida de sobornos de US$3,277,810.83, correspondiente al 2%; la Carretera El Río-Jarabacoa, con US$1,430,775.21; y la Carretera de Casabito, por la que Rondón pagó sobornos por US$924,097.09.
Las hidros. En el cobro de sobornos por el Proyecto Hidroeléctico Pinalito se involucra a César Sánchez, Bernardo Antonio Castellanos de Moya, Máximo Leónidas De Oleo Ramírez, Andrés Bautista, Alfredo Pacheco y Radhamés Segura.
Aunque no establecieron de cuánto fue el soborno, resaltan que César Sánchez aumentó su patrimonio en un 100% gracias a esa obra.
En el caso de Palomino, la otra hidroeléctrica, están Segura, Bautista, Pacheco y Montás. Por esta obra Rondón recibió dos partidas: US$3,448.936.90 por los porcentajes de los contratos y adendas y US$4,500,000 para los sobornos.
Samaná y Hermanas Mirabal. Para esas obras, dice el documento, sobornaron a Díaz Rúa, Bautista, Pacheco, Galán y Montás. Rondón, se estableció, recibió una partida de US$2,301,937.24 por las diligencias realizadas.
Galán, entonces presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, fue “el encargado de influir en el Senado para que el préstamo de Samaná fuera aprobado sin contratiempos e influir en los demás miembros de la comisión”.
A Galán se le atribuye además de haberse encargado junto al secretario técnico de la Presidencia, Temístocles Motás, de las gestiones en el Poder Ejecutivo para acelerar la aprobación de los préstamos para la Autopista del Coral. Ambos recibieron donaciones para sus campañas en los períodos 2008, 2012 y 2016.
Otros legisladores que recibieron donaciones fueron Valentín y González, quienes apoyaban desde la Cámara de Diputados la aprobación de los préstamos.
Declaraciones juradas. El incremento desproporcionado de los bienes no declarados o adquiridos en cuanto dejaron las funciones públicas que ocuparon son parte de las pruebas del enriquecimiento ilícito de varios de los imputados que se beneficiaron con los US%92 millones pagados en sobornos por Odebrecht.
En ese renglón están Víctor Díaz Rúa, quien declaró RD$415,174,414 en el año 2012; César Sánchez, quien refleja un aumento porcentual del 96% de su patrimonio entre 2000 y 2004; Andrés García, quien incrementó su patrimonio a RD$36,776,923.81 en el año 2006; Radhamés Segura, cuyo patrimonio aumentó en un 600%; Pacheco, quien hizo declaracion jurada cinco años después de ser electo por primera vez diputado y en la actualidad tiene inmuebles registrados valuados en RD$43,561,177.97.