Impotencia e indignación ha provocado en esta provincia la medida de coerción de un mes de prisión preventiva impuesta por el Juzgado de Atención Permanente de este distrito judicial, contra un haitiano a quien acusan del robo de siete libras de yuca en la finca de su patrón.

Alegadamente el dueño de la finca se negaba a pagarle el salario del mes al haitiano Franco Estama, de 30 años, y a cambio solo le ofrecía mangos para comer.
En sus declaraciones en el juicio, Estama negó el hurto, según consta en el dispositivo de la medida de coerción.

El castigo para Estama, consistió en enviarlo por un mes a la fortaleza San Fernando. Después de recibir el dictamen del tribunal, el haitiano narró a la coordinadora de la Oficina de Defensa Pública, Wendy Almonte, que había sufrido golpes por parte de dos agentes policiales en el destacamento de la comunidad de Martín García, en el municipio de Guayubín.

Además, Estama había manifestado a Almonte que aún bajo arresto y esposado los miembros de la Policía Nacional lo golpearon en las costillas y que su patrón, Daniel Tomás Núñez, también lo había agredido.

La funcionaria de la Defensa Pública dijo que un “robo por hambre” es famélico, es decir, que no conlleva pena alguna, por lo que consideró la medida judicial de injusta. Informó que interpuso un recurso de apelación de la medida de coerción.

“Por principio de humanidad en caso de poner de coerción la abogada nuestra había solicitado que en vez de prisión preventiva se le impusiera una medida de coerción consistente en vigilancia por el Ministerio Público, impedimento de salida de la provincia y presentación periódica”, afirmó.

Fiscal se enteró por la prensa. Al ser consultada sobre el caso, la procuradora fiscal titular de Montecristi, Johanna Bejarán, dijo que se enteró del caso del apresamiento y sometimiento a la justicia del haitiano a través de la prensa, ya que ella solo maneja los casos de ciertas relevancias.

Bejarán afirmó que desconoce la denuncia de que al imputado se le haya maltratado físicamente, en el entendido de que al Ministerio Público ni al juez se le informó sobre esas acusaciones.

Asimismo, sostuvo que el Ministerio Público pondera el tipo de medida de coerción, pero es el juez que finalmente toma la decisión que considera.