La Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH) pidió revestir de credibilidad el nuevo plan de austeridad del Gobierno, poniendo en marcha reales mecanismos de control y un sistema de consecuencia para quienes lo violen.

El presidente de la organización empresarial, Antonio Taveras Guzmán, dijo que no es la primera vez que el país es testigo de “anuncios con grandes contenidos sobre la austeridad que no van más allá de las palabras”, y apostó porque esta vez sea distinto.

El dirigente empresarial considera oportuno que en la presente coyuntura –en que se inician los aprestos de cara a la campaña de 2016- se adopten controles para evitar el uso inapropiado de los recursos públicos por parte de funcionarios.

“El manejo austero, transparente y ético de los fondos públicos siempre ha sido una preocupación de la AEIH en procesos electorales y esta es la razón por la que reiteramos la necesidad de una ley de partidos bien concebida y que posibilite reales controles”, comentó.

Taveras Guzmán aconsejó al Gobierno empoderar a las comisiones de veeduría, creadas por el Ministerio de la Presidencia, eliminando todo obstáculo que atente contra su misión de observar el comportamiento de las compras y las contrataciones públicas.

“Nos complace el anuncio del plan de austeridad hecho por el ministro Gustavo Montalvo –como una continuidad de la decisión comunicada en ese sentido al principio del Gobierno-, pero es necesario poder verificar prácticas que garanticen la credibilidad del proceso”, subrayó Taveras Guzmán.

Insistió en la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales de supervisión y rendición de cuentas en cada institución pública, en especial en aquellas donde existan funcionarios que participan en la campaña electoral.

“Debemos pasar a los hechos, y la forma de hacerlo es fortaleciendo los mecanimos de control para que no veamos a los funcionarios usando los recursos del Estado para provecho propio sin que nadie les pida cuenta”, dijo.

Solicitó que las denuncias ciudadanas sobre el mal uso de los bienes del Estado sean inmediatamente investigadas y se apliquen sin vacilaciones las consecuencias correspondientes.