El presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia de Santo Domingo (AEIH), Víctor Castro, dijo ayer que la ley que permite la participación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) en generación eléctrica representa un retroceso, pero es una forma de avalar la intervención del Estado con la construcción de dos plantas de carbón.

Expresó que al autorizar la compra de manera discrecional de energía eléctrica para las distribuidoras, el Estado actúa contrario a todas las acciones que toma Contrataciones Públicas, con el apoyo del Ministerio de la Presidencia, a fin de transparentar todas las compras del Estado.

“Esa ley autoriza a las empresas distribuidoras a comprar energía eléctrica sin licitar. Eso no es transparente, es un retroceso”, señaló.

Castro dijo que el hecho de que el Gobierno intervenga como un ente operativo en el sector eléctrico lo despoja de autoridad para ejercer la función de regulador.

Entiende que lo deseable en el sector eléctrico es que el Gobierno sea un ente regulador y no una instancia operativa.

Dijo que la ley provoca un tipo de competencia un poco incómoda, pues cuando el Estado interviene en un sector lo hace con muchos privilegios, de los cuales no gozará el sector privado.