La Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH) llamó la atención sobre situaciones preocupantes en el mercado de las telecomunicaciones que -desde su óptica- envían señales negativas a la inversión extranjera y atentan contra la imagen del país como destino de capitales que crean empleos, aportan a las finanzas públicas y agregan valor a la economía.
El presidente de la organización privada, Antonio Taveras Guzmán, demandó del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) reforzar las acciones que ayuden a velar eficazmente por la legalidad en el sector, aplicando el mandato de la ley sin condicionantes de relaciones primarias con el poder ni favoritismo político.

El dirigente empresarial manifestó que los problemas de legalidad y señales confusas desde el ámbito regulatorio de las telecomunicaciones vienen desde hace años.
dijo esperar que, por su trayectoria profesional, aprecio público y antecedentes, el presidente del Indotel, Luis Henry Molina, haga prevalecer la institucionalidad en todas las decisiones del órgano regulador. Asimismo pidió a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia) estudiar la situación del citado mercado y tomar decisiones sobre el mismo porque -evidentemente- las distorsiones y las conductas anticompetitivas son múltiples para que esta entidad -que cuesta una millonada a los contribuyentes- esté de brazos cruzados.

“En el uso de frecuencias y del espectro radioeléctrico están ocurriendo diabluras que espantan capitales y eso constituye un grave riesgo hasta para las evaluaciones del país por las agencias calificadoras de riesgo, a las que están atentas tanto los inversionistas como los mercados de deuda”, señaló Taveras Guzmán.

Consideró como “una grave disviación” privilegiar individualidades en desmedro de todo el sector y del país, que necesita servicios de telcomunicaciones confiables para acompañar el desarrollo de la economía. La empresa de Telecomunicaciones Viva solicitó a Indotel que disponga la separación de los patrimonios de las prestadoras Altice y Tricom por alegadamente haber incurrido en incumplimiento.