Indiscutiblemente, el apresamiento de diversos dirigentes políticos de grueso calibre y los que gran parte de la población entiende que también deben ser imputados y apresados por los sobornos de la empresa Odebrecht, constituye el elemento más visible y el que se entiende marca una insoslayable antes y después para el futuro del sistema político dominicano a breve y mediano plazo, no solamente por el hecho en sí, sino porque este se produce en el contexto de una fecha crucial del calendario político dominicano: las elecciones de los miembros de las altas Cortes, del reclamo de una nueva ley electoral y de partidos y del auge de un movimiento de protestas sin precedentes en la historia política del país.
El carácter internacional del tema de los sobornos de Odebrecht es lo que ha dado origen a la presente crisis del sistema político dominicano, pero en definitiva el surgimiento del Movimiento Verde, ha sido el dinamo fundamental para que se hayan producido los arrestos arriba señalado. En tal sentido, por el impacto que ya ha tenido sobre el sistema de partidos y sobre la Justicia en lo relativo al manejo de los recursos públicos, por la sostenida ampliación del Movimiento Verde, el caso Odebrecht ha adquirido una dinámica de carácter nacional con grandes perspectivas de seguir gravitando sobre el acontecer nacional, independientemente de lo pase o no pase en Brasil, pues la fractura que ya se ha producido en el sistema político tiene claros visos de que se profundizará.
Ello así, porque al entroncarse con fechas cruciales del sistema, quiérase o no, el tema de Odebrecht sobrepasa lo meramente judicial, determinando que la justa demanda de que se lleve a la cárcel a los culpables de los sobornos, las sobreevaluaciones y la utilización de los recursos de esa empresa transnacional para incidir en los procesos electorales nacionales y de singulares candidatos, en franca violación del Artículo 47 de la Ley Electoral que prohíbe el financiamiento de entidades extranjeras a candidatos y colectividades políticas, puede incidir positivamente en exigencia de que se establezca una Ley Electoral y de Partidos que, al no ser fruto de acuerdos de cúpulas, garantice un mínimo de igualdad de oportunidades para los participantes en los procesos electorales; además, una integración de las Altas Cortes sin militantes partidarios.
Desde hace mucho se está exigiendo una ley electoral y de partidos, unas Altas Cortes realmente plurales e independientes. Por tanto, sin desviarse de su objetivo inicial, es de inteligencia política hacer que el torrente de presión en las calles contra el sistema se enrumbe también por la consecución de esos objetivos. Es combinar la lucha en las calles con la lucha por las reformas políticas en los espacios institucionales claves del sistema. Somos el país con mayores niveles de asociacionismo, único con una ley presupuesto participativo para los municipios; tenemos una significativa experiencia en el manejo mancomunado del agua y de innumerables planes y proyectos de desarrollo local financiados por agencias internacionales y locales.
Son particularidades que articulándolas potenciarían la actual coyuntura como una oportunidad difícilmente repetible, no solo para ponerle freno a la impunidad, sino a una clase política esencialmente parasitaria.