El salario en la administración pública está regido por una herencia de clientelismo político a la que no ha renunciado ninguno de los partidos llegados al poder. Eso explica las incoherencias que rigen la remuneración de las funciones públicas, en la que son comunes diferencias abismales en la paga de servidores de un mismo rango, o se paga muy mal a quienes merecen mejor retribución. El Gobierno confirma su adhesión a esa herencia al negarle a los médicos la paga decorosa que merecen.
Ninguno de los partidos que han prometido justicia social ha renunciado a la herencia clientelista que les ha permitido por mucho tiempo -16 años en el caso del PLD- utilizar a discreción el salario público para premiar a sus cuadros. Inclusive, el estancamiento de la Ley 105-13, Sobre Regulación Salarial del Estado Dominicano, en espera de un reglamento de aplicación, delata la falta de interés por hacer de la remuneración pública un instrumento de equidad sujeto a la valoración de capacidades.
El Presidente Danilo Medina, al recibir la certificación que lo acredita para dirigir el Estado un nuevo período, prometió que a partir del próximo 16 de agosto comenzará en el país una nueva etapa de conquistas y de progreso. Tiene, pues, la oportunidad de erradicar las distorsiones que han hecho del salario de los servidores públicos un instrumento de clientelismo e injusticia.

Lo que nunca se ha hecho

Aunque parezca aspiración quijotesca en medio de la actual correlación de fuerzas en los poderes, el país debe exigir que el Congreso ejerza su papel de comprobación y supervisión del desempeño de los otros poderes. La democracia parlamentaria o colegiada es para eso, y es la razón por la que constitucionalmente se ha establecido una bifurcación de quienes manejan el Estado.
En la República Dominicana esa prerrogativa del Congreso no se cumple en los hechos y es difícil establecer un equilibrio entre quienes hacen las leyes y quienes las ejecutan y hacen respetar. La causa es de sobra sabida: el poder político ejerce supremacía a través de un solo partido y sus coaligados. El Congreso debería tomar prestada la consigna del jefe del Poder Ejecutivo, y lanzarse a hacer, en uso de sus facultades, lo que nunca se ha hecho desde ese ámbito.