No salgo de mi asombro cada vez que el doctor Ramón Antonio Veras dice confiar en la justicia dominicana para castigar a los autores materiales e intelectuales del atentado contra la vida de su hijo, licenciado Jordi Veras Rodríguez.

Resulta paradójica la esperanza que mantiene el prestigioso abogado luego de que han transcurrido más de dos años del intento de asesinato. Mientras, ese caso sigue siendo “peloteado” y no logra pasar de la fase de instrucción. No ha bastado para erradicar la confianza de Veras en el Poder Judicial la relativa indiferencia de los Procuradores luego que se encontraran evidencias irrebatibles ubicando claramente a quien desde la cárcel contrató asesinos profesionales para llevar a cabo una venganza personal.

La trayectoria de vida y las experiencias personales de “Negro” Veras, quien nunca ha estado ligado a actividades injustas ni sucias, debieron haber sido suficiente para comprender que la justicia dominicana solo castiga a los más pobres y a los valientes que, como él, combaten el injusto sistema que nos gobierna.

El caso del joven abogado Jordi Veras está sufriendo las mismas consecuencias que muchos otros en que el crimen organizado y el narcotráfico han metido su garra delincuencial. ¿O no es esa la misma justicia que ha protegido a los autores intelectuales de “La Matanza de Paya” en la que fueron fusiladas varias personas vinculadas al tráfico de drogas? ¿O no es esa la Justicia que ha protegido a los brutalmente enriquecidos funcionarios gubernamentales de manera que ninguno de estos sea encerrado en una celda por siquiera un minuto?

¿Cómo confiar en una Justicia que rehúye condenar al asesino confeso de Guillermo Moncada Aybar a pesar de que existen múltiples testigos presenciales que vieron a Rafael González Álvarez cuando le asestaba 12 balazos sin proferir una sola palabra y sin que la víctima ofreciera resistencia alguna?

¿Hasta dónde podrá llegar la esperanza del doctor Veras de que una Suprema Corte de Justicia, elegida para garantizar la impunidad personal de algunos funcionarios, pueda castigar al promotor de ese atentado? ¿O es que todavía hay dominicano alguno que crea que el grupo corporativo que nos gobierna iba a afilar cuchillos para su propia garganta colocando en esa corte a jueces honestos, despolitizados e imparciales?

Una cosa son los tecnicismos legales que se usan habitualmente en los tribunales para los reenvíos y otra es la siempre probable complicidad subversiva entre el sistema judicial y el crimen organizado. Una cosa es la negligencia burocrática de las “Altas Cortes” y otra el proceder discriminatorio que confía en que el tiempo transcurrido sin evacuar decisiones provocará cansancio y resignación entre los afectados. Esas diferencias hay que establecerlas claramente para frustrar potenciales coartadas y justificaciones de jueces y fiscales deshonestos.

Ahora, en junio de 2012, la Suprema Corte de Justicia se ha constituido en limbo jurídico por excelencia para algunos casos criminales. Pero no es el limbo de los niños, aquel donde la escatología cristiana ubicaba a los infantes que ningún pecado habían cometido. No, allí en las “Altas Cortes” el limbo es el que los cristianos ubican entre dos infiernos: el infierno del crimen cometido y el infierno del sistema político basado en el beneficio individual de los funcionarios. Da trabajo esperanzarse siquiera porque desde ese limbo infernal pudiera obtenerse buena justicia.

El 2 de junio de 2010 tuvo lugar un atentado contra la vida del licenciado Jordi Veras Rodríguez. El hecho criminal fue evidenciado cinco meses después y entonces se dictaron medidas de coerción contra los imputados. Y de ahí en adelante arrancó el calvario de las trapisondas legales, la negligencia burocrática y las ocultas complicidades para que nunca pudiera llegarse a debatir el fondo del crimen y lograr la justa condena.

Mientras, una familia honorable sufre las inclemencias del sistema político porque se niega a transigir, rechaza cansarse de reclamar justicia. Nosotros, los que admiramos y respetamos la trayectoria patriótica y honesta del doctor Ramón Antonio Veras y su familia, tampoco nos cansaremos de reclamar castigo para los culpables de los crímenes ya mencionados.

Porque nuestra responsabilidad ciudadana es la de combatir el crimen organizado que, según parece, le falta poco para conducir totalmente los asuntos de este país.