La República Dominicana tiene un entorno propicio deficiente para las asociaciones público-privadas en infraestructura, siendo la ausencia de un marco normativo e institucional uno de los principales obstáculos para el desarrollo de estas alianzas.
La consideración está en el informe “Evaluación de las Asociaciones Público-Privadas en Infraestructura” de la Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que analiza casos de varios países y refiere que bajo el esquema de alianzas, los dos proyectos de transporte que arrojaron resultados deficientes estaban ubicados en el país.
Uno de ellos fue la construcción del Bulevar Turístico del Atlántico (BTA), el cual llegó al cierre financiero y la infraestructura se construyó, lo cual aumentó los ahorros de tiempo y la capacidad del sistema, “pero los cambios efectuados al modelo de concesión con respecto a los planes originales afectaron la capacidad de la infraestructura de proporcionar algunos de los resultados, especialmente los relacionados con un aumento del uso del activo y del movimiento diario de usuarios”.
El segundo proyecto (Viadom) fue rescindido por el Gobierno mediante un acuerdo con el concesionario, “debido a la percepción de que la concesión hubiera impuesto altos costos a los usuarios y el Gobierno. El préstamo del BID se canceló antes del desembolso”.
El proyecto Vías Dominicana (Viadom) fue anunciado en el 2007 y prevía la modernización de las carreteras del país con una inversión de alrededor de US$1,000 millones. El contrato de concesión tenía previsto el pago de peajes sombra al Gobierno para cubrir los costos no recuperados mediante las tarifas, según el BID.
El Bulevar Turístico del Atlántico es un tramo de 22 kilómetros que comunica hacia Las Terrenas, en Samaná, que en total tiene 124 kilómetros. Para 2019 el Gobierno destinará RD$3,500 millones en el pago del peaje sombra.
Incoherencia. El informe indica que en los últimos 10 años el Grupo BID apoyó asociaciones público-privadas en infraestructuras en la República Dominicana principalmente mediante el financiamiento de proyectos por US$253 millones entre el 2009 y el 2012.
Además de los citados proyectos de carreteras estaban dos de energías renovables pero solamente se ejecutó el Bulevar Turístico del Atlántico. Los otros tres se cancelaron.

“En el caso del Bulevar Turístico del Atlántico, la falta de un análisis adecuado en las primeras etapas del proyecto se tradujo en la búsqueda de objetivos incoherentes a nivel del país. El Grupo BID financió el Bulevar Turístico del Atlántico partiendo de varios supuestos que no se hicieron realidad en la ejecución. Cambios a aspectos clave del diseño del proyecto, sumados a proyecciones demasiado optimistas sobre su utilización y la aplicación de tarifas onerosas (que redujeron aún más la demanda) se tradujeron en costos muy grandes para el sector público que no se preveían al comienzo”.
Cita que las proyecciones de la demanda usadas para determinar la estructura financiera y la garantía de un mínimo de ingresos eran demasiado optimistas y se contraponían a las proyecciones de la División de Transporte del propio banco, que eran más conservadoras.
“El análisis de riesgos original del Grupo para el proyecto se centraba solamente en el desempeño financiero del prestatario privado, sin considerar adecuadamente las consecuencias fiscales que el modelo propuesto podría tener para el país”.

Señala que el mecanismo de garantía de un mínimo de ingresos se activó desde el comienzo de la operación de la carretera de peaje en 2012, lo cual obligó al Gobierno a hacer pagos de alrededor de US$125 millones apenas hasta 2015.
Análisis riguroso. “En resumen, el caso de la República Dominicana ilustra las dificultades de llevar a cabo proyectos enmarcados en asociaciones público-privadas en un país de entorno propicio deficiente para dichas asociaciones”.
“También muestra la importancia de efectuar un análisis riguroso al principio de un proyecto, la necesidad potencial de apoyar la preparación de proyectos en este tipo de entorno y la necesidad de evitar que el Grupo BID vaya en búsqueda de objetivos incoherentes”, concluye el informe sobre la experiencia dominicana.