Los ingresos de los trabajadores privados en el 2014 crecieron muy por debajo del crecimiento de la economía, afirmaron la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) y la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD).

Resaltaron que durante este año los puestos de trabajo fueron ocupados mayormente por los hombres, sobre todo en la actividad informal, mientras las mujeres se dedican mayormente al empleo formal.

Señalan que la economía crece con alta rentabilidad empresarial, sin aumentar el número de empleo decente y sin reducir la pobreza.

A su juicio, los indicadores de la bonanza económica que goza el sector empresarial se verifica por la alta rentabilidad de las administradoras de fondos de pensiones, cuyas ganancias fueron 2 mil millones de pesos, mientras cayó la rentabilidad de los fondos de pensión de los trabajadores de 13% en enero de 2014 a 11.96% en noviembre.

En su balance de este año, las tres centrales sindicales indican que de enero a septiembre de este año, el empleo creció un 0.6% por cada aumento del 1% del producto interno bruto (PIB) del país.

Consideran que la situación del empleo es producto de una economía oligopolizada en la mayoría de sus principales actividades económicas, el atraso del sector agropecuario, la alta concentración de las tierras productivas en pocas manos, la subutilización de las mismas para fines de esparcimiento, el gran déficit de tecnología apropiada, baja agro-industrialización y la apertura comercial sin respuesta efectiva del Estado para mejorar la productividad.

Plantearon que a noviembre pasado, 70% de los trabajadores y sus familias está en situación de sub-consumo, porque los bienes y servicios adquiridos estuvieron por debajo del costo promedio de la canasta básica que en ese mes se colocó en RD$27,839.

Agregan que la capacidad de compra de los trabajadores que ganan salarios mínimos es muy baja.

Expresan que los trabajadores percibieron este año en promedio, ingresos inferiores al costo promedio de la canasta básica de bienes y servicios.

Sostienen que los trabajadores enfrentan una cadena de comercialización que altera drásticamente los precios finales de los bienes agropecuarios desde la finca a la mesa de los hogares.

Creen que la diferencia entre el precio de finca y el precio al consumidor debería ser, como máximo, 30%, para aquellos que no tienen transformación o transformación drástica, pero oscila entre 23.6% y 214%. El mayor incremento es en la cebolla.

Caída del petróleo. CNUS, CNTD y la CASD señalan que trabajadores y consumidores no se han beneficiado significativamente de la drástica baja de los precios del petróleo y derivados por la política de actualización del valor de los impuestos y márgenes de ganancias de las empresas mediante ajuste por inflación, la devaluación del peso y los mayores precios que se paga por la importación de combustibles procesados,

En vista de esa situación, las organizaciones de trabajadores trabajarán para que se establezca una metodología de ajuste de precio de combustibles justa, transparente y equilibrada en materia de impuesto.

Se quejan de que el Gobierno se ha limitado solo a presionar a los transportistas de pasajeros y cargas a bajar la tarifa de transporte sin presionar a los importadores y las tiendas de repuestos a bajar los precios de los repuestos e insumos básicos.

Por otro lado, las tres centrales sindicales destacan que persisten los gastos públicos improductivos y la discrecionalidad en el manejo del gasto.

Indican que 79% de los ingresos fiscales que percibe el Gobierno Central proviene de los impuestos a los sueldos y salarios de los trabajadores y consumidores.

Plantearon que el 2014 fue un año de retroceso y re- crudecimiento de las prácticas antisindicales contra el ejercicio de la libertad sindical y la negociación colectiva.

Repudiaron los obstáculos presentados y falta de cooperación del sector empresarial para la regularización de los trabajadores migrantes que utilizan fundamentalmente en el área agrícola y de la construcción, manteniéndolos excluidos de la protección social y reduciendo los costos de producción del empleador. Señalan que persiste política fiscal regresiva.