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    Categorías: Editorial

Inmigración y frontera

La solución del problema de la inmigración furtiva requiere algo más que vigilancia militar abundante en la frontera. Necesita que esa vigilancia sea eficiente para contener el tráfico humano y neutralizar las operaciones de las bandas que explotan el negocio. Al margen de eso, es preciso crear en el país condiciones laborales que estimulen el interés de la mano de obra nativa por las plazas de trabajo en la agricultura, la construcción y otras ocupaciones para las que se emplea a muchos extranjeros.
En el país no ha sido posible lograr que se respete la proporción de 80% de mano de obra nativa frente a 20% extranjera. Particularmente en el campo, los salarios para labores agrícolas se han ido deprimiendo en la medida en que los indocumentados extranjeros acceden a trabajar por mucho menos dinero que los nativos. La abundancia de oferta de trabajo así creada, estimula a su vez el tráfico de inmigrantes y la vigilancia militar fronteriza, que ha sido aumentada, no logra contenerlo.
Las migraciones existen desde que existe la humanidad. Son un fenómeno consustancial a la naturaleza humana y se manifiestan con mayor fuerza cuando las naciones tienen fronteras comunes. Cuando dos países comparten una isla, como es el nuestro, el fenómeno es más intenso y más que vigilar, hay que trabajar para vencer los factores de estímulo.

Una queja que hay que atender

Pocas actividades le disputan a la construcción su poder estimulante de movimiento económico. En esa virtud, agilizar los trámites de las formalidades que exige la construcción debe ser una prioridad de las autoridades. Pero en la región del Cibao hay quejas por la lentitud en el manejo de este requisito. Las asociaciones de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (Aprocovici), de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS) y la de Ferreteros del Cibao (Adefeci), atribuyen al Ministerio de Obras Públicas lentitud en la aprobación de planes y otras acciones necesarias para la aprobación de las obras.
Un encuentro entre las partes que se sienten afectadas y las autoridades de Obras Públicas debería servir para lograr que estos trámites resulten ágiles y se pueda contribuir así a mejorar la dinámica económica.

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