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Inseguridad, el tema dominante

Entre los motivos de preocupación que tienen los dominicanos hay muchos coyunturales y fluctuantes en su severidad. Que si suben o bajan los combustibles, que si empeora o mejora el suministro de electricidad y otras situaciones similares encajan en esta clasificación. Pero la inseguridad es sin duda la principal y permanente preocupación. La encuesta Gallup-HOY que se ha estado difundiendo en estos días, capta el altísimo puntaje que los encuestados le otorgan a este tema. No hay un dominicano que no haya sido afectado, directa o indirectamente, por una acción delictiva.

Pero la inseguridad no solo es la principal perturbación emocional que tienen las familias y las empresas. También es perturbadora por sus altos costos y pérdidas. La gente ha tenido que modificar hábitos, sobre todo nocturnos, y esto en gran medida reduce significativamente las ganancias del comercio y de quienes los surten de mercancías. Las medidas de seguridad han convertido las viviendas en cárceles y la gente vive la paranoia de la desconfianza.
Iniciamos la nota hablando de perturbaciones coyunturales para las que las autoridades han logrado soluciones o por lo menos atenuación. Pero el puntaje de la preocupación por la inseguridad siempre se mantiene alto, lo que indica que no avanzamos en soluciones o paliativos efectivos para este grave problema. Eso es lo peor del asunto.

Los abusos de  los notarios

La ley del Notariado, la 140-15, está en la mira del doctor Mariano Germán Mejía, presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), quien propugna porque sea modificada. En base a esa ley, ciertos notarios se dan a la tarea de cometer abusos, ejecutar personalmente embargos y desalojos, abrir puertas y otros actos cuestionables, lo que desnaturaliza las funciones notariales, pues éstos, en base a la ley anterior, la 301, no tenían autoridad para realizar desalojos, embargos, ni abrir puertas, que eran funciones reservadas a los alguaciles.
Un notario, que tiene fe pública para validar los actos y convenciones entre partes, dándoles carácter de ley, no debe asumir directamente la ejecución de la tarea de alguacil. Juristas y legisladores tienen por delante la responsabilidad de hacer los cambios de rigor para deshacer este entuerto.