El ex presidente del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD) Pedro Matos hizo un llamado a los diferentes alcaldes electos y que serán juramentados hoy para que se acojan a las leyes que tienen que ver con la transparencia y rendición de cuentas.

Hizo hincapié en que se cumpla especialmente la ley de Contrataciones Públicas, de Contabilidad Gubernamental y de Impuestos Internos.

Indicó que los ayuntamientos reciben más de 16 mil millones de pesos anuales y estos recursos bien utilizados deben impactar a los municipios y estos deben ser fiscalizados adecuadamente.

Destacó que ha sido de muy mal gusto ver síndicos que han sido procesados, entre ellos los de San Francisco de Macorís, San Cristóbal, La Romana y Cabarete, por violar las leyes de transparencia y no tener un buen manejo presupuestario.

Matos además instó a los nuevos alcaldes a que se acojan a las decisiones de la Sala Capitular, ya que es el órgano fiscalizador de los ayuntamientos y deben darle seguimiento a las ejecutorias de los síndicos a través del contralor general.

Además abogó porque la Liga Municipal Dominicana se preocupe, como órgano técnico, de llevar a la luz la decisión de que desde la alcaldía se hagan estados financieros.

Dijo que la Liga recibe cerca de mil millones de pesos anuales pero este presupuesto debe ser usado para asesorar a los alcaldes

Matos declaró que de los 386 ayuntamientos y juntas distritales, muy pocos cumple con entregar sus estados financieros a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (Digecog) como establece la ley.

Matos aseguró que la Ley 126-01 establece que los ayuntamientos y juntas deben entregar los estados financieros a través de la Liga Municipal, a más tardar el 30 de enero de cada año, a la Dirección de Contabilidad Gubernamental, pero esto se incumple y la Liga Municipal Dominicana no exige ni sanciona al respecto.

Dijo que esos estados financieros son la base para que las referidas alcaldías y juntas distritales rindan cuentas como lo establece la ley 176-07 que rige los municipios.
Abogó también porque la la sociedad civil exija a los alcaldes de cada ayuntamiento y de las juntas distritales que rindan cuentas de cómo gastan los recursos aportados por los contribuyentes.

Apoyo del ICPAR. Matos destacó que los miembros de la entidad han manifestado que están a la disposición de colaborar con la Liga y los ayuntamientos en la elaboración de los estados financieros tanto para las alcaldías como para los distritos municipales.
Precisó que están en la disposición de ofrecer estos servicios por iguala con los distritos municipales.