Los regímenes donde menos conflictos y atraso socioeconómico se conocen, tradicionalmente se han caracterizado por que sus instituciones son más poderosas que los individuos o grupos políticos en el poder; allí los gobernantes están supeditados a las instituciones y pueden ser removidos de sus posiciones por delitos de cualquier naturaleza, lo que no ocurre en nuestro país, donde las cámaras legislativas son ejemplos de ineficiencia y corrupción, con honrosas excepciones de legisladores que no pueden pulsear con cúpulas partidarias, hombres de “maletines” y los llamados poderes fácticos representados por tradicionales sectores económicos que hacen sombra a los gobiernos.
Algunos ingenuos soñadores plantean desmembrar la estructura presidencialista de nuestros gobiernos, quitándole al Poder Ejecutivo la facultad de formular y manejar el presupuesto de la nación y entregándole esa responsabilidad a las cámaras legislativas, en especial, a los diputados, los mismos conocidos por aprobar leyes y préstamos a “maletinazos” limpios, vendiendo sus votos a quienes quieran modificar la Constitución para reelegirse y olvidando a sus comunidades mientras disfrutan de “cofrecitos”, “barrilitos” y auto-aumentos de sueldos. Imagínense el tollo que harían con la potestad de repartirse el erario, aparte de que les podría tomar más de un año en discusiones y el Ejecutivo podría seguir haciendo de las suyas por “forfeit”.
La rampante debilidad institucional se ha tratado de corregir con la creación de otras instituciones como Cámara de Cuentas, Defensor del Pueblo, Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la Magistratura, Tribunal Superior Electoral, numerosos consejos y comisiones gubernamentales con las mismas debilidades que se supone deben corregir o supervisar. Para ejemplo, un botón: El relajo de algunos con la Junta Central Electoral y la joven Ley de Partidos.