En el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio de este periódico Hoy, reseñado en la edición correspondiente al 10 de julio en curso, los destacados economistas Miguel Ceara Hatton y Ernesto Selman manifiestan su preocupación por la forma en que el Ministerio de Educación estaría invirtiendo los 109 mil millones de pesos (109,169.1 millones para ser exacto) consignados en el presupuesto de este año de ese organismo estatal.

Ceara Hatton expresa sus dudas acerca del cómo y en qué se han venido empleando esas partidas presupuestarias. De su lado, aunque no por separado, Ernesto Selman tuvo a bien recordarles a los lectores que “desde un principio no ha sido partidario de que se aumente el gasto en educación, pues no hay evidencia de que algún país haya mejorado la calidad educativa por aumentar el gasto en el sector”. Expresiones inexactas como ésas, en boca de profesionales de mucho crédito, causan más mal que bien, por aquello de que en materia de relaciones sociales, la percepción constituye casi el ciento por ciento de la verdad. De hecho, en muchas partes del mundo existen expertos en hacerles creer a las gentes lo contrario a lo que es. Por ello, tenemos a bien enjuiciar esas afirmaciones. Parece que el economista Ernesto Selman ignora que desde las últimas décadas del siglo 20 hasta el presente, el sistema dominicano de instrucción pública era el peor financiado de la América española. Y que esto ocurría en momentos en que el Producto Interno Bruto de la República Dominicana crecía a un ritmo tal que llamaba la atención de los organismos y de las agencias de ayuda y cooperación internacional. La conjunción de razones de carácter político con las propiamente educativas nos llevó a considerar no sólo necesaria y oportuna sino también inaplazable la reforma de nuestro sistema de instrucción pública. Dos argumentos pesaron a favor de iniciarla, el primero de ellos vino dado por la conveniencia de prever la incidencia de los cambios que parecía necesario introducir. La mera revisión de la historia del desarrollo de nuestro sistema de instrucción pública, salpicada de reforma abstracta, abogaba a favor de un proceso de experimentación previa con el objetivo de incrementar y perfilar informaciones, contrastar hipótesis y desechar planteamientos erróneos. El segundo argumento de los argumentos conectaba con el carácter estratégico de la reforma, que correlativamente exigía que los fundamentos de la misma fueran discutidos y consensuados entre los expertos y entre los sectores más representativos de la sociedad como en efecto se hizo en las mesas de discusión y concreción del Pacto Nacional. Un reforma educativo como la que pretendemos llevar a cabo ha de implantarse a lo largo de un calendario sostenido y con apoyo financiero del Estado. Sus efectos han de madurar en un amplio horizonte y no sería apropiado ponerla en marcha si no contáramos con el apoyo económico que han de asegurar su pervivencia prolongada. Una reforma del sistema de instrucción pública no contaría con posibilidades serias de afianzarse sin un presupuesto adecuado y sin la participación activa, motivada y reflexiva de los protagonistas principales y de los expertos en la materia. ¿Cómo cree el economista Eduardo Selman que se habrán de materializar los planes de reforma impulsados por los ministerios de Educación? ¿Rebajando el presupuesto a menos de un 2.3% del PIB como era antes? Demostraremos en una próxima entrega que no se corresponde con la verdad lo afirmado por el señor Selman en el Almuerzo del Grupo Corripio, en el sentido de que “entre el 2006 y 2011 el gasto en educación se incrementó en un 60% mientras que la cobertura y la calidad bajaron”.

Al margen de la opinión del economista Eduardo Selman relativa al financiamiento de la instrucción pública, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidad, Ban Ki Moon, en su reciente visita al país, destacó la inversión en educación del gobierno el presidente Danilo Medina, afirmando que es la mejor inversión que hace el mandatario peledeísta, y que es de esperarse que el objetivo inmediato sea el invertir en educación el 6% del PIB. Continuaremos.