“Intercambios” no certificados

Las periódicas versiones policiales sobre muertes causadas en “intercambios de disparos” no son contrastadas, preocupantemente, mediante investigación responsable y constitucional que, en base al Estado de derecho”, deben llevar a cabo autoridades judiciales. Esas que en los países de fiel respeto a la vida humana y a los derechos civiles, deben decir la última palabra. Sin importar que tales supresiones de vidas ocurran a raíz de asesinatos brutales cometidos por desconocidos a miembros o exmiembros de instituciones armadas. La secuela sangrienta suele ocurrir después que las autoridades policiales informan de la persecución a civiles “peligrosos y fuertemente armados”. Por los antecedentes el observador no tiene más remedio que suponer que ya se dictó una sentencia de muerte para los buscados.
Ningún miembro de la fuerza pública debe creerse con licencia para matar inopinadamente. La vigencia plena de garantías a la integridad física de las personas obliga a aceptar la realidad de que en República Dominicana no existe la pena de muerte ni acción sumaria alguna previa a la decisión de un juez. La falta de escrutinio del Ministerio Público -obligado a ejercer su competencia- sobre cada homicidio atribuido a agentes del orden, tiende a hacer interminable el descrédito de los alegados “intercambios de disparos” vistos generalmente como falsedades, herencia de métodos trujillistas.

Imprescindible exportar más

Los indicadores de que el país crece en algunos renglones productivos para satisfacer la demanda interna, incluyendo lo mucho que va a los polos turísticos, no son suficientes para generar optimismo. La vocación exportadora permitiría llegar más lejos. El comercio exterior se ha diversificado pero en términos absolutos queda atrás de otros reglones de generación de bienes y en algunas áreas se reduce por falta demostrada de condiciones facilitadoras.
Leyes y políticas que supriman trabas a operaciones fabriles dependientes de insumos, materias primas y transporte y las sujetas a aduanas y a presión tributaria. La expansión industrial hacia mercados locales y externos es imprescindible para una mayor captación de divisas, crear empleos y acrecentar el ahorro nacional. Incluso para ampliar los horizontes del sistema impositivo.