Que la ingeniera Franchesca de los Santos haya sido una exitosa viceministra de Obras Públicas, no es una razón válida para que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), “se proponga construir paradas urbanas”. Tampoco el artículo 9 de la ley 63-17 le otorga esa competencia.
Por arte de magia, con intereses particulares o sin ellos, funcionarios se convierten en constructores. Hallamos médicos directores de hospitales que reparan muros de sus establecimientos de salud; profesores, directores de escuelas que impermeabilizan techos de centros educativos y gerentes de seguridad social expertos en software de registro de derechohabientes. Sin embargo, cuando son evaluados en calidad, ni siquiera pueden responder cuál es la mortalidad de sus hospitales, qué índice de repitencia tienen sus alumnos o qué nivel de satisfacción poseen los usuarios del seguro de pensiones y de salud.
El INTRANT como organismo rector del sistema de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, fue estructurado y requiere amplios fondos de los contribuyentes, no para construir paradas, ni otras infraestructuras de movilidad, sino para impactar la crisis de movilidad urbana nacional que acumula tasas de mortalidad que rondan entre 21 y 30 fallecidos anuales por cada 100 mil habitantes (2,300 muertes cada año). República Dominicana “atesora” la mayor mortalidad por accidentes de América, según todos los reportes actualizados de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
INTRANT debiera como prioridad, resolver la crisis del sistema de movilidad dominicano donde pocas vías aseguran eficiencia y seguridad vial, tampoco tienen correcta señalización de origen y destino de los viajes.
El transporte acontece en millones de vehículos privados, voladoras, guaguas, conchos y motoconchos generadores de millones toneladas de gases efecto invernadero aceleradores del cambio climático. El tránsito se realiza sin vigilancia pública y nadie cumple las cuatro reglas de la seguridad vial mundial: i) colocarse inflexiblemente el cinturón de seguridad; ii) utilizar rigurosamente el casco protector homologado; iii) uso obligatorio de sillas para infantes, y iv) no ingerir bebidas alcohólicas antes de conducir.
El Plan Estratégico de Santiago con el apoyo del Consejo de Seguridad Vial de Costa Rica (COSEVI), acumula propuestas y acciones exitosas ejecutadas por el Ayuntamiento, pero también hechos curiosos de la crisis de movilidad. Consultores costarricenses quedaron pasmados al observar cinco motociclistas sin cascos, que ingerían sorbos de una botella de vodka que circulaba de conductor a conductor, deteniéndose festivamente a llevarle tragos y chicharrones al sargento de turno del puesto de policía de la carretera de Jamao al Norte. Los dominicanos estamos acostumbrados al riesgo.
Sólo si el INTRANT asume con rigor el desafío de la mortalidad vial, salvaremos las miles de vidas de jóvenes productivos que se pierden diariamente.