SANTIAGO. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) tendrá centros de inspección técnicos en todas las provincias del país para determinar si los vehículos cuentan con las debidas condiciones para transitar por las vías públicas tal país como lo establece la ley.
Así lo informó ayer la directora ejecutiva del Intrant, Claudia Franchesca de los Santos, quien explicó que harán una licitación para abrir los centros y cuando inicien se tomarán tres años tener el parque vehicular del país inscrito en el proceso.
“El lanzamiento se hará este año y en ese momento habrá un llamado y se hará por provincia. Este proceso se tomará tres años para tener disponible el parque vehicular del país, ya que estos vienen a sustituir las emisiones de las revistas y se hará a través de la tecnología”, explicó la funcionaria al visitar al presidente de la Central Nacional de Trabajadores de Transporte (CNTT), Juan Marte, y secretarios de rutas de transporte público.
De los Santos también explicó que en lo que cuento a la placa el Intrant establecerá colores por zonas y para cada tipo de vehículo, ya sea turístico, de transporte de pasajeros, urbano e interurbano. Dijo que a partir del año próximo se emitirán dos placas: la delantera y la trasera, como se hacía antes, lo que contribuirá con la seguridad.
De los Santos además se refirió al lanzamiento del Plan de Motorista e indicó que en el país el 62% de las personas que fallecen en accidente de tránsito viajan en motocicletas. Además, habló del reglamento para regularizar el transporte escolar, por lo que reiteró el llamado para que se registren en el Intrant todos los que brindan este servicio.
Por su lado, Marte agradeció la visita de De los Santos y dijo que no se puede empujar en direcciones contrarias para solucionar el problema del tránsito en el país.
Propuso una integración del Intrant, los transportistas, los gobiernos municipales y el Gobierno.
Se quejó de que Santiago es la cenicienta en inversión en el transporte, atención a obras de infraestructuras y remozamiento de oficinas públicas.