La madurez democrática nuestra es un desafío constante porque un proceso de construcción institucional no puede ser creíble cuando la materia prima para el verdadero cambio termina en manos de gente contaminada por vicios y aberraciones que tanto daño han hecho al país. Por eso, desde el instante que se decidió habilitar las Altas Cortes, su creación se correspondió con un verdadero sentimiento de avance, pero lo que salió de allí en primera fase, expresa esa eterna lucha entre la nación anhelada y los obstructores que retardan su desarrollo.
Así lo establece la carta fundamental, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral tienen la misma jerarquía. Y en el ánimo de su creación prevaleció la idea de que, por su naturaleza, resultaba imposible penetrar ámbitos claramente delimitados por la ley de leyes. La elemental lectura del artículo 214 se expresa: El Tribunal Superior Electoral es el órgano competente para juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contenciosos electorales y estatuir sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos o entre éstos. Reglamentará, de conformidad con la ley, los procedimientos de su competencia y todo lo relativo a su organización y funcionamiento administrativo y financiero.
En el orden práctico, y apelando a la arrogancia que retrata la personalidad y horas de militancia partidaria de algunos de sus miembros, en el Tribunal Constitucional se ha ido cocinando la idea de que “lo puede todo”. Además, los resortes políticos que se sienten representados activan sus tentáculos para revertir decisiones que, como en el caso del Tribunal Superior Electoral, atentan e irrespetan la facultad constitucional que posee.
Como el primer ciclo de integrantes del TSE mereció la repulsa ciudadana por el descaro de las decisiones y militantismo de sus integrantes, resulta saludable establecer la diferencia entre el lodazal anterior y la actualidad. Ahora, los magistrados seleccionados tenían una experiencia previa en el ámbito de lo electoral. Jáquez sirvió de suplente en una gestión anterior donde el maltrato y la desconsideración, sin importar sus credenciales y formación académica, sirvieron para adiestrarlo en demasía. Sosa proviene de una dilatada experiencia, tanto en la sociedad civil como en la junta del Distrito Nacional. Peralta se desempeñó como titular de la JCE, escalando peldaños desde una oficialía. Perdomo estuvo de responsable electoral de Santo Domingo Este. Madera hizo una larga carrera en el Ministerio Público. Es decir, que el material humano existente posee el adiestramiento en el área electoral para sentirse agredidos e irrespetados en la medida que la arrogancia constitucional presume que puede “orientar” sentencias estructuradas por manos con superior conocimiento de aquellas que pretenden ordenarle una rectificación.
Afortunadamente, el Congreso sobre Derecho Electoral y Valores Democráticos sirvió para deslindar los campos jurisdiccionales y crear conciencia alrededor del desbordamiento constitucional. Y en ese orden, el vendaval argumental del experto electoral, Luis Sobrado González colocó en su justa dimensión la “locura” de que otros jueces revisen decisiones emanadas del orden electoral, reiterando que todo conflicto y/o reclamo será decidido por el órgano debido a la naturaleza especial y autonomía. Y cerrando la brecha de nefastas atribuciones, consideró que las “sentencias dictadas por el TSE serán inmunes al control de los jueces constitucionales”.
Aquí debemos hacer conciencia de que los jueces constitucionales no deben influir en el área electoral con decisiones que exceden su competencia. De paso, se articula pobremente la “conculcación” de derechos fundamentales para habilitar esas redes de complicidad politiquera para retardos, chicanas e incidentes de reconocidos arquitectos del amarre y combinación jurídica de abogados capaces de elevar por la vía de un prólogo a la categoría de “doctrinario” a tarados con toga y birrete que, ante singular exceso, devuelven con sentencias melcochosas los reclamos de un amo temeroso de someterse al escrutinio popular.
¡Ojalá los jueces constitucionales no sigan invadiendo la jurisdicción electoral!