WASHINGTON. AP. Una investigación maratónica del Senado sobre denuncias de torturas de la CIA durante la guerra antiterrorista en la época de George W. Bush está entrando en el terreno político y posiblemente en el ámbito de la justicia federal después de enérgicas acusaciones contra la agencia que insinúan irregularidades potencialmente delictivas.

Como resultado de las declaraciones de la senadora Dianne Feinstein, se podría iniciar otra investigación para determinar si la CIA hizo o dejó de hacer algo para ayudar o dificultar la tarea de los investigadores del Senado.

El episodio ya asume las características de una clásica controversia de Washington con interpretaciones divergentes mientras la Casa Blanca busca terreno neutral.

En síntesis, la controversia gira en torno de la denuncia de Feinstein de que la inspección por parte de la CIA de una red de computadoras que estableció para los investigadores del Senado puede haber violado la Constitución y la ley federal.

“En cuanto a denuncias de que la CIA intercepta computadoras, nada está más alejado de la realidad”, afirmó el director de la agencia, John Brennan, el martes, para desmentir una denuncia que en realidad la senadora demócrata no formuló durante sus extensas declaraciones en el Senado.

Brennan dijo que la agencia no buscó obstaculizar la tarea de los investigadores del Senado. Agregó que la agencia anhelaba cerrar la controversia derivada del interrogatorio de los detenidos durante la guerra antiterrorista, y agregó que el personal de la agencia “cree firmemente en la necesidad de una supervisión efectiva, firme y bipartidista del Congreso”.