MADRID . — La investigación preliminar de un tribunal internacional sobre el supuesto uso excesivo de la fuerza en Venezuela debe ser vista como una advertencia y servir para detener de inmediato estas acciones, dijeron el viernes dos de los abogados que iniciaron las denuncias.

“Las violaciones tienen que cesar, el radar de la Corte Penal Internacional está en Venezuela por la perpetuación de estos crímenes”, señaló Juan Carlos Gutiérrez, uno de los letrados que ha llevado las denuncias ante el tribunal de La Haya y que también defiende a Leopoldo López, el líder opositor venezolano que permanece bajo arresto en su domicilio de Caracas.

La fiscal de la Corte Penal Internacional Fatou Bensouda anunció el jueves que abría el examen preliminar por la “fuerza excesiva” utilizada por los órganos de seguridad del Estado en manifestaciones, detenciones y encarcelamientos en Venezuela desde abril de 2017.

En las protestas antigubernamentales que ocurrieron entre abril y julio del año pasado fallecieron al menos 120 personas, en su mayoría manifestantes.

La fiscal también dijo que examinaría la violencia ejercida por parte de los manifestantes, algo que los abogados aceptaron sin reparos. “La fiscal debe ser amplia e imparcial en la investigación, que tiene que abarcar todos los hechos acontecidos”, apuntó Gutiérrez.

El abogado dijo en una rueda de prensa en Madrid que entre las pruebas presentadas desde 2014 ante el tribunal se incluyen 83 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales.

La abogada Tamara Sujú señaló que el Instituto Casla que ella dirige desde la capital de la República Checa había presentado hasta fines de enero cerca de 400 expedientes sobre supuestas torturas a manifestantes y miembros de la oposición.

Alrededor de un 70% de las denuncias, señaló Sujú, también incluyen presuntos delitos de abusos sexuales y violaciones.

Esta investigación preliminar es el primer paso hacia una posible investigación por la que la fiscal podría presentar cargos ante la Corte Penal Internacional y pedir la detención de los sujetos investigados.

Sujú señaló que la documentación presentada apunta al presidente Nicolás Maduro y a más de 90 funcionarios de su gobierno.

El fiscal general de Venezuela nombrado por la oficialista Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, tachó de “sesgado” el anuncio de la investigación.

Nicolás Maduro.

En la documentación que debe examinar ahora la fiscal Bensouda se encuentran denuncias de víctimas y sus familiares así como informes de organismos internacionales y grupos de derechos humanos.

La ex fiscal venezolana Luisa Ortega Díaz, que fue cesada por el gobierno a mediados de 2017, también presentó en La Haya documentos para reforzar las acusaciones.

Pero Sujú señaló que Ortega Díaz podría acabar siendo investigada “bien sea por acción o por omisión”, por presuntos delitos de lesa humanidad que se produjeron previos a su cese.

“Lo que nos toca ahora es demostrar que esto es tortura contra el pueblo venezolano y que es una sistematización de la represión contra la población”, dijo Sujú.

Los abogados señalaron que la investigación llevará tiempo y requerirá información al propio gobierno venezolano. También reconocieron que se desarrollará en paralelo a un escenario volátil en Venezuela, donde las autoridades han convocado elecciones presidenciales para el 22 de abril.

En este sentido, Sujú rechazó la convocatoria porque no contó con el acuerdo de los partidos de oposición y criticó con dureza la petición a la oposición de acudir a los comicios por parte de uno de los mediadores en la crisis política de Venezuela, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.

“Un mediador no es una persona que funge a favor de un bando frente al otro”, dijo Sujú. “Zapatero dejó de ser un mediador imparcial para convertirse en un mediador del régimen para acorralar a la oposición venezolana”, añadió.

Las críticas al exmandatario llegaron también desde la prensa española. El diario de mayor tirada, El País, calificó la petición de Zapatero de “insulto a Venezuela”.

La oficina del expresidente español en Madrid no respondió de forma inmediata los requerimientos de The Associated Press para responder a las críticas.