Un ciudadano iraní acusado de traficar equipos de alta tecnología para la comisión de crímenes electrónicos permanecerá recluido en la cárcel de San Pedro de Macorís por tres meses, por decisión de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que ratificó la medida de coerción que le había impuesto el octavo juzgado de la instrucción.

Según el expediente, Ali Bitazar es un agente del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC), propietario de la empresa Codex Solutions, dedicada a la compra de equipos electrónicos y Software de última generación en los Estados Unidos, para sacarle las “Tarjeta Madre” y enviarlas a Irán.

El extranjero, propietario también de la compañía de Taxi “Sonido”, realizaba sus operaciones junto a los dominicanos Griselda Sánchez Castro de Juppiter y Juan Fidel Santos Cabrera, y utilizaba los servicios de varios courier.

Castro de Juppiter se encargaba de procurar los equipos comprados vía Internet en las agencias de envío, y Santos Cabrera, un supuesto agente aduanal en el Aeropuerto de Las Américas, les sacaba la “tarjeta madre” y les colocaba una vieja “en un acto ilegal y evadiendo impuestos”.

Entre los equipos descubiertos al iraní figura una tarjeta electrónica madre registrada como un “equipo de prueba para telecomunicaciones” valorada en US$25,038.00, que le fue enviada desde Van Nuys, California, Estados Unidos.

Cuando fue apresado luego de una labor de investigación de varios meses, Bitazar realizaba gestiones para viajar a Panamá, donde según declaró, permanecería unos seis meses para culminar un proyectos que no especificó.

Castro de Juppiter está libre bajo fianza, y Santos Cabrera, quien además fungía como contable del iraní, está prófugo.

A las operaciones de Bitazar le dieron seguimiento el Ministerio Público, conjuntamente con las divisiones de Enlaces Internacionales, y Antiterrorismo del DNI.