Puerto Plata.- Jueces del Tribunal Colegiado de esta provincia impusieran 15 años de prisión contra un hombre de nacionalidad italiana, Giuseppe Sgarbi, acusado de ser el cabecilla de una red de pornografía infantil y trata de personas que operaba en el toda el área del Caribe desde los años 80.

En la acusación sustentada por el Ministerio Público indica que al momento de la detención del imputado se recolectaron aparatos electrónicos que contenían miles de imágenes pornográficas grabadas por el imputado en su residencia, donde aparecen menores entre 11 y 16 años.

También se presentaron en audiencia múltiples conversaciones en las cuales el imputado  habla con niñas de diferentes edades, motivándolas a que vayan a su residencia.

Los representantes del Ministerio Público acusaron formalmente al imputado Giuseppe Sgarbi, de violentar la disposiciones de los artículos 1 literal a, 3 y 7 literales c, d, e de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, 396 , 410 y 411 de la Ley 136-03 que instituye el Código de Protección para los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes. También, el imputado violó el artículo 24 de la Ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología, los cuales tipifican la trata de personas con fines de explotación sexual comercial, abuso físico y psicológico contra menores de edad y pornografía infantil, en perjuicio de las adolescentes J.M. y W.P.R., de 16 y 17 años de edad respectivamente.

Según una nota, el fiscal titular Osvaldo Bonilla expresó «es una condena ejemplar ya que envía un mensaje contundente en contra de los extranjeros que intentan utilizar el país para estas atrocidades en contra de menores vulnerables con padres irresponsables».

Los representantes del Ministerio Público José Euclides Vargas y Cinthia Bonetti demostraron ante el tribunal que preside José Juan Jiménez que los elementos probatorios recolectados resultaron suficientes para sustentar la responsabilidad penal del imputado y lograr la condena impuesta.

La condena se logró no obstante el desistimiento inducido de los padres de las menores. La pena impuesta deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe.