“Para este año queremos que se retome la agenda de la reforma institucional del sector agropecuario, porque desde 1994 hemos estado discutiendo este tema”, afirmó Osmar Benítez, presidente ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD).
Dijo que “tenemos que hacer una revisión, con el propósito de reorientar la ejecución presupuestaria de las instituciones del sector en una dirección que permita una mayor inversión de los recursos presupuestarios en bienes de apoyo a los agricultores y menos en gastos corrientes”.
Explicó que hay que evaluar las instituciones del Gobierno que manejan la agropecuaria, como el Ministerio de Agricultura, el Banco Agrícola, Instituto Agrario Dominicano (IAD), el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y otras entidades ligadas al sector agrícola.
Benítez agregó que hay que averiguar, cuales son las fortalezas y debilidades de esas instituciones, para adecuarlas a las realidades que se ven en el momento, ya que la mayoría de las leyes con que se crearon esas entidades pasan de 50 años.
Iglesia Católica. Benítez recordó que en 1972 (Gobierno de Joaquín Balaguer), la Iglesia Católica hizo por primera vez una propuesta de reforma institucional del sector agropecuario.
El presidente ejecutivo de la JAD manifestó que “hemos estado discutiendo la reforma del sector, pero recuerdo que hay una propuesta en un informe escrito que se hizo en el Gobierno de Leonel Fernández (1996), y luego se guardó y no se ha retomado”.
“Queremos que eso se retome”, señaló Benítez, “porque es un tema fundamental, ya que la agricultura de hoy no es la de 1965, cuando se creó la Secretaría de Estado de Agricultura, mediante la Ley 8, que dicen es la más moderna del sector agropecuario, pero tiene 52 años”.
Manifestó que lo que era la agricultura en 1965 es diferente a lo que es hoy. “Las leyes de Sanidad Animal y Sanidad Vegetal son de los años 1940 y 1950”.
Dijo además, que es bueno recordar que en el país todavía existe la Ley Arrocera (Cuota Parte) que establece que el tope de una finca debe ser de 500 tareas. “Eso no tiene ningún sentido en el 2017”.
Señaló que esa legislación ya no tiene ningún sentido, “debido a que todo el mundo sabe aquí que desde hace mucho tiempo hay fincas de más de 500 tareas, por lo que esa Ley se quedó atrás, por lo que se debe derogar, ya que su aplicación no tiene ningún sentido”.