ROSARIO ESPINAL
Los jueces de la Junta Central Electoral discutirán y hasta se enemistarán por un reglamento de campaña que poco efecto tendrá en el devenir de la próxima contienda electoral. La campaña está en pie y no hay reglamento posible que la detenga. El gobierno proseguirá con su excesiva publicidad en los medios de comunicación y una apretada agenda de inauguraciones.

La oposición tiene montada su estrategia de ataque que también incluye amplia publicidad para enfrentar el gobierno.

Hacer obras públicas e informar a la población sobre las actividades gubernamentales es democrático. El problema es que las obras se identifican con la persona del Presidente y con los funcionarios que le sirven de cortesanos.

En cualquier país con alta institucionalidad democrática sería difícil encontrar tantos anuncios pagados con fotos del Presidente promocionando obras públicas. En República Dominicana es lo común.

El afán de la JCE en prohibir las inauguraciones por un período antes de las elecciones difícilmente prosperará. Ni la Constitución ni la Ley Electoral limitan esa facultad presidencial.

Entonces, ¿por qué se afanan los jueces en promocionar ideas como la prohibición de inauguraciones que no tienen cabida en el marco legal, o que ya están en ejecución como la publicidad política en los medios de comunicación?

Por otro lado, acercar los gobernantes a la ciudadanía es un objetivo de la democracia. Entonces, ¿por qué prohibir el contacto directo del Presidente y sus funcionarios con la ciudadanía, aunque sólo sea en eventos politiqueros de inauguraciones?

Los partidos de oposición, por su parte, no tienen claro si les conviene que se restrinja la propaganda política. La guerra publicitaria con el gobierno es cara, pero cruzarse de brazos mientras el gobierno ejecuta obras resultaría inaceptable a las fuerzas opositoras.

Ante esta situación, la JCE debería aspirar a un reglamento mínimo, con medidas que puedan ser aceptadas por los partidos y ejecutadas por el organismo electoral, porque de nada sirven las reglas si no hay fiscalización efectiva.

El espectáculo que han dado en los últimos meses los jueces en confrontación es lamentable, para ellos como figuras públicas y para la credibilidad del proceso electoral.

La Junta actual fue electa en un procedimiento que, sin ser idóneo, fue mejor que el de 1998. Además, varios titulares son figuras con prestigio profesional ganado antes de llegar a ese organismo.

Enfrentan cuatro problemas que afectan su operatividad:

1) haber heredado una institución en deterioro administrativo,

2) la carencia histórica de control sobre los partidos políticos y sus actividades electorales, 3) la estructura ineficaz de la JCE, dividida en dos cámaras con tres jefes, y 4) el híbrido en la composición de los jueces, unos que actúan en función de preferencias individuales y otros en representación de partidos.

Una corriente de opinión considera saludable para la democracia que los jueces expresen públicamente sus opiniones sobre temas de carácter político electoral. Otra clama por posturas públicas unificadas para evitar confusiones y confrontaciones.

Lo ideal es que los jueces discutan a lo interno los asuntos electorales, y que, por mayoría adopten las decisiones que comunicarán al público de manera unificada. Eso le daría a la Junta mayor solemnidad y fuerza política.

Aunque la libertad de expresión es importante, los miembros de cualquier colectividad tienen obligaciones hacia el grupo o la institución a que pertenecen.

De manera que, si bien la discrepancia de opinión es adecuada, los jueces deberían entender que las diferencias de criterio no deben traspasar el espacio institucional.

La población espera de ellos coherencia, orientación y sensatez para sentir confianza en que las elecciones transcurrirán en un ambiente de transparencia y armonía.

La estructura actual de la JCE es ineficaz y debe modificarse en el futuro para crear un organismo contencioso que se escoja y opere independientemente del órgano administrativo que organiza las elecciones.

Pero mientras llega el cambio, los jueces deben aprender a trabajar en grupo. Eso no descarta las diferencias de opiniones en sus discusiones. Pero una vez deciden por mayoría, la minoría debe acoger las decisiones.

La República Dominicana está plagada de electoralismo. Todos los años se celebran elecciones: cada dos una nacional (presidencial o congresional-municipal) y en el intermedio las primarias para elegir candidatos.

Tantos procesos electorales han gestado una industria electoral de la que se nutren económicamente los dueños de medios de comunicación, activistas, consultores, periodistas, comentaristas de radio y televisión, publicistas, productores de vallas, organizadores de disco lights y eventos sociales, transportistas, y los que reciben dádivas de los políticos. Además, el electoralismo entretiene mucha gente que usa la política de pasatiempo.

El sistema político así concebido es funcional para los grupos de poder porque crea un espejismo democrático, aunque en realidad, la mayoría de las decisiones políticas se tomen sin consultar a la ciudadanía y sin tener en cuenta el bienestar de la mayoría.