La Junta Central Electoral (JCE) depositó ayer en el Tribunal Constitucional, en el último día del plazo, un recurso de acción contra la Sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) que anula la resolución que cambia el orden de los partidos políticos en la boleta electoral y en la que solicita a la alta corte que se pronuncie sobre si TSE tiene competencia para actuar en una decisión administrativa de la JCE.
En tanto, varios partidos políticos, como el Reformista Social Cristiano (PRSC) y el Frente Amplio, instrumentaron recursos de revisión ante el TSE para que revise su propia decisión, de anular la Resolución 02-17, dictada por el pleno de la JCE.
En nota enviada a HOY, la JCE confirmó lo que había anunciado el presidente del organismo, Julio César Castaños Guzmán, que se ejecutó la medida del pleno, de elevar ante el TC la acción para que se solucione el conflicto de competencia con el TSE, en la cual reivindica sus atribuciones constitucionales y legales para revisar sus propias decisiones, así como su autonomía funcional para cumplir con el mandato de organizar los procesos electorales.
La JCE cuestiona los criterios asumidos por el TSE en su sentencia TSE/013/17 del 21 de abril de 2017, la cual fue pronunciada en ocasión de acciones en nulidad ejercidas por varios partidos políticos respecto de la Resolución 02-17 del pleno de la JCE.
El TSE restableció el criterio para la distribución de la contribución económica del Estado a los partidos políticos y el orden que ocuparon los partidos en la boleta electoral hasta las elecciones del pasado 20 de mayo.
La JCE ordenó los partidos políticos en base a la sumatoria de los votos obtenidos en los tres niveles del sufragio (presidencial, congresual y municipal), pero la sentencia de la TSE dispone que los partidos sean distribuidos en la boleta electoral solo considerando los votos que obtuvieron los partidos en el nivel presidencial, lo que le resta contribución económica a los partidos que no alcanzaron votación presidencial.
La JCE afirma que la Ley Electoral y otras legislaciones dan atribuciones para conocer de revisiones o reconsideraciones interpuestas por terceros.