Cuando el periódico El Día denunció en diciembre de 2016 la venta fraudulenta de 910,054 metros cuadrados del barrio Los Tres Brazos, realizada por el consorcio estatal CORDE a una empresa privada por la suma de RD$80.0 millones, la indignación se apoderó de amplios sectores de la población, pues presenciaba un novedoso y bochornoso caso de corrupción política que eventualmente estaría condenado a la más abyecta impunidad.
Pero no ocurrió así debido a que el Procurador General, Jean Alain Rodríguez, mediante una paciente y sistemática investigación, se ha encargado de develar la trama y ha enjuiciado a 11 personas, las cuales ya enfrentan medidas de coerción de tres meses en la cárcel, 7 de ellos, y libertad con garantías económicas para los demás, según dictamen del juez José Alejandro Vargas, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Una rápida sucesión de hechos concatenados desató la denuncia del rotativo. El presidente Danilo Medina emitió el decreto 392-16, que puso fin a la venta y reventa de terrenos en el sector capitalino prohibiendo el desalojo de sus ocupantes. Creó, además, una comisión investigadora presidida por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, la cual recomendó la anulación por irregular del contrato vigente en Los Tres Brazos. A finales de febrero, Medina destituyó al director de CORDE, Leoncio Almánzar Objío, y ordenó la disolución de la entidad corporativa.
Pero, mientras la población clamaba por el enjuiciamiento de los corruptos y la oposición se desgañitaba contra el gobierno, Jean Alain, junto a su equipo técnico-legal, procesaba una indagatoria que culminó con el arresto de 11 personas, entre ellos dos funcionarios, acusados de integrar una red corrupta para estafar al Estado Dominicano y a miles de familias.
¿Inocentes o culpables? No sabemos. Es el turno de los jueces.