El fenómeno de la corrupción o enriquecimiento ilícito en la administración pública ha alcanzado dimensiones desproporcionadas debido a una voluntad política permisiva ante la depredación del erario público y la ineficacia de la legislación para sancionar a funcionarios que se enriquecen de forma ilegal, según lo establece la Red de Centros Sociales de la Compañía de Jesús en la República Dominicana.
En su informe «Situación de los derechos humanos en el 2017” indican que la corrupción y la impunidad se encuentran entre las mayores amenazas a los derechos humanos, pues representan una transgresión directa y flagrante al principio fundamental de tratamiento igualitario para todos los miembros de la sociedad.
Considera que el ordenamiento jurídico es benevolente desde el punto de vista legislativo, judicial, político y penintenciario respecto de determinados tipos de delincuencia, como la política por soborno que viene afectando desde hace décadas el desarrollo democrático del país.
«La corrupción es la causa y el problema esencial de muchas violaciones de derechos humanos. Nos hace entender el carácter sistémico y estructural del fenómeno donde los culpables de actos corruptos no son perseguidos, ni sancionados por una expresa institucionalización de la impunidad».
El informe enumera los distintos informes internacionales que sitúan al país en mala posición en corrupción. También recoge el estudio de Oxfam sobre los recursos que se dispendian en el país, afectando los derechos a la salud, la vivienda, al trabajo y a la seguridad social.
Recomendaciones. En el informe se recomienda la creación y puesta en funcionamiento de un mecanismo de observación y acompañamiento en la lucha contra la corrupción e impunidad que oriente al Estado para que proceda a investigar cada hecho que se registre.
También garantizar la autonomía del Ministerio Público, otorgándole independencia administrativa y financiera del Poder Ejecutivo, que implicaría la creación de una fiscalía especializada contra la corrupción yl crimen organizado.
Además la recomposición del Consejo Nacional de la Magistratura incluyendo representantes de la sociedad civil y de las universidades, y estableciendo una representación más equitativa entre mayoría y minoría congresuales «para evitar el secuestro de la justicia y que se siga poniendo al servicio de la impunidad».
Sugiere la creación de un régimen electoral y una ley de partidos transparente y democrática que impida que las campañas electorales, como ocurrió con el caso del presidente de la República, reciba financiamiento ilegal fruto de sobornos y sobrevaluaciones. Otras sugerencias son impulsar la ley de extinción de dominio que permitirá la recuperación de los fondos públicos robados por los funcionarios públicos y entes privados, así como reformar el Código Penal para establecer un catálogo de delitos sobre corrupción pública y privada, así como el Código Procesal para establecer un régimen procesal más restrictivo para este tipo de delitos.
También que el Estado adopte regímenes de consecuencias contra los violadores de los derechos humanos y fomentar campañas que eduquen y concienticen sobre la importancia de hacer transparentes el manejo de los fondos públicos y de contribuir a vigilar las funciones administrativas.