Joaquín Ricardo continúa defensa de triunfos electorales de Balaguer

En los reportajes especiales que publica ese medio correspondientes a las elecciones de 1982, 1986 y 1990, publicados los días 25 de marzo, primero y  nueve de abril del año en curso, con los epígrafes: “En 1982 comenzó la modernización de las campañas electorales en RD”, “Polémico retorno de Balaguer en 1986” y “1990: Elecciones bajo sospecha de fraude”, respectivamente, nuevamente en los mismos se incurre en inexactitudes y juicios de valor muy personales por lo que, como hemos hecho en oportunidades anteriores, nos vemos en la obligación de realizar algunas precisiones, las que consideramos oportunas y justas.

En la crónica referente a los comicios de 1982, sería una gran contribución del autor si pudiera ofrecer una  explicación detallada de en qué consistió el “fraude” al que hace referencia en su reportaje, pues al parecer hace dicha afirmación apoyándose única y exclusivamente en un libro de un técnico de reconocida filiación partidista y quien tuvo una destacada participación en el comprobado traslado de votantes a demarcaciones muy alejadas del lugar asignado en su Registro Electoral en 1978, situación que ocasionó graves irregularidades en al menos cuatro provincias, como fue reconocido por la Junta Central Electoral en su decisión del siete de julio del referido año, y que dio lugar en esa ocasión a la solicitud de elecciones complementarias que realizara el Partido Reformista. Naturalmente, para esa ocasión, ese fue el compromiso asumido por el aludido funcionario al recibir su entrenamiento en la patria del Libertador y que implementó muy bien a su regreso en la Junta Central Electoral.

¿Cómo puede ser calificado de “fraude” la solicitud del Partido Reformista a la Junta Central Electoral de que se verificara la dislocación de más de 500,000 votantes del padrón electoral de ese entonces? ¿Constituye “fraude” solicitar que el ciudadano apto para votar, pero que no apareciera en el Registro de Electores se le permitiera hacerlo observado? ¿No era y es el deber de la Junta Central Electoral asegurar que el ciudadano ejerza su derecho al voto, y no se le puede privar de ese derecho constitucional por los errores que, de manera involuntaria, cometa la Junta en la organización del proceso?

Por otra parte, deseamos referirnos a la afirmación del autor del reportaje  cuando dice: “La JCE estaba presidida por Manuel García Lizardo e integrada por Julio Genaro Campillo Pérez y Vinicio Cuello. Los dos primeros fueron escogidos como parte del denominado “Fallo Histórico” de 1978.” Incurre en otro error, pues la decisión de la Junta Central Electoral del día siete de julio de 1978 sobre la instancia elevada por el Partido Reformista nada tiene que ver con la elección de estas distinguidas personalidades, cuya escogencia la realizó el Senado el día tres de mayo de 1979. Es importante resaltar que estos prestigiosos ciudadanos no tenían filiación partidaria, pues los doctores Manuel García Lizardo y Vinicio Cuello Castillo eran prominentes juristas que ejercían su profesión en el sector privado, y el doctor Julio Genaro Campillo Pérez era un reconocido historiador y abogado. No eran, pues, reiteramos, miembros de ningún partido político y contaron con el aval de los senadores de la República de ese entonces, quienes representaban a los dos principales partidos políticos. Por cierto, esa fue la norma en la composición de la Junta Central Electoral en todas las elecciones en que participó como candidato por el Partido Reformista el doctor Balaguer.

Es importante que las nuevas generaciones sepan que en cada ocasión en la que el doctor Balaguer fue postulado como candidato por el Partido Reformista el organismo electoral estuvo siempre compuesto por ciudadanos de conducta intachable, que no eran miembros de organismos directivos de los partidos políticos, y a quienes no se podía señalar como inclinados a sector algún. En muchos casos, provenían de familias y sectores históricamente adversos al Reformismo y al doctor Balaguer. No obstante, ninguno fue nunca objetado por el fundador y líder del Partido Reformista Social Cristiano, dada las prendas morales y cívicas que poseían esos distinguidos ciudadanos.

Aunque en esas elecciones hubo situaciones muy conflictivas a lo interno del Partido Reformista  que limitaron y lastraron su exitosa participación en la contienda cívica de 1982,  no las tomaremos como excusas, pues lo cierto fue que el Reformismo no resultó triunfador en esos comicios.

En lo referente al reportaje acerca de las elecciones de 1986, deseamos iniciar por los resultados mismos que señala la propia crónica: PRSC y aliados 781,902  y PRD y aliados 747,924 para una diferencia de casi 40,000. Resulta, pues, obvio el candidato y el partido ganador. El autor del reportaje argumenta que hubo 28,545 votos observados y 84,210 votos nulos. Sobre ese particular, los que tenemos experiencia electoral sabemos que los votos se anulan al contar los sufragios en los colegios electorales, procedimiento que se realiza en presencia de los delegados de los partidos, quienes al término del escrutinio firman el acta, validando así los resultados. La nulidad de un sufragio se discute, se acepta y se protesta en los colegios electorales, no en la opinión pública. No recuerdo haber visto ningún acta con una protesta por mal manejo de los votos nulos en 1986. Por demás, que fuerza telúrica asegura que todos esos votos nulos favorecían al candidato del PRD? No escapa al conocimiento de la ciudadanía que la fortaleza del Reformismo siempre estuvo en el campesino y en la mujer, aunque para esas elecciones la juventud llevó en sus hombros hasta al triunfo al doctor Balaguer.

 La nulidad de un voto es siempre porque el elector no sabe sufragar y se equivoca en el registro del voto. ¿No es dable asumir que esos votos nulos se corresponden en su gran mayoría con el voto rural, que es el ciudadano no siempre bien edificado sobre el procedimiento de votación, población que históricamente había siempre favorecido al líder del Partido Reformista Social Cristiano? En consecuencia, ese manido argumento de un supuesto fraude no tiene base alguna que no sea el enfermizo retorcimiento de no querer reconocerle los triunfos electorales al doctor Balaguer. En lo concerniente a los votos observados, no procedamos a analizar los mismos y otorguémoselos al candidato del PRD. Aún con ellos, el licenciado Jacobo Majluta no ganaba.

Para una mejor edificación de las nuevas generaciones es importante dilucidar lo concerniente a la Junta Central Electoral. Ese organismo no pudo ser elegido desde el inicio mismo del período constitucional el 16 de agosto de 1982, como era costumbre, por el Senado de la República debido a la obcecación de su Presidente que, como aspiraba a ser candidato presidencial en las elecciones de 1986,  se empecinaba en imponer a un connotado dirigente de la facción que él representaba en el Partido Revolucionario Dominicano y que era objetado por un sector de su partido y por el Partido Reformista, pues la posición del doctor Balaguer era que no se designaran militantes de un  partido, sino que se conformase la Junta con personas no vinculadas directamente a ninguna organización política. Así las cosas, el poder Ejecutivo tuvo que esperar el receso del Senado y designó mediante decreto en 1983, al doctor Caonabo Fernández Naranjo como presidente, al doctor Rubén Suro y al doctor Juan Rolando Ramos Pimentel como miembros, aunque designó como suplentes de los dos primeros magistrados a los candidatos que proponía el senador Majluta para miembros titulares.

Aunque el Presidente de la Junta podía haber sido señalado como simpatizante del entonces partido de gobierno, era una persona respetada por la sociedad. El doctor Rubens Suro era un abogado y poeta de grandes prendas morales y Juan Rolando Ramos Pimentel era un ciudadano no partidista, que ejercía su profesión de abogado dentro del marco del decoro y el civismo propio de esa generación.

Si había algún recelo no era con el organismo electoral sino entre las tendencias del PRD, cuya lucha descarnada culminó con el deprimente espectáculo del Hotel Dominican Concorde y su lamentable saldo de una persona fallecida y varias  heridas, producto de la intransigencia y la exaltación de los ánimos que signaron en esos tiempos a la citada organización política.

Las acusaciones y la represión del gobierno se hicieron patentes de manera sañuda contra el Reformismo y contra las tendencias adversas dentro del Partido Revolucionario Dominicano, lo que trajo como consecuencia una especie de guerra permanente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ambos dominados por el PRD, que empañó la labor de mediación que quería hacer la Junta, pero que la prepotencia característica de esa gestión administrativa no le permitía dearrollar.

En el Reformismo no olvidamos la temeraria y retorcida acusación, propia de espíritus mediocres y roñosos, como los que ocuparon en ese entonces la sede del gobierno, la cual nunca pudieron probarla porque era absolutamente falsa, que salió del Palacio Nacional señalando que el doctor Balaguer tenía 30 millones de dólares en una supuesta cuenta a su nombre en la isla de Grand Cayman.

En lo concerniente a la Comisión de Asesores Electorales que solicitó en su condición de candidato el doctor Balaguer, la misma obedeció al interés de que como para ciertos sectores él no podía ganar unas elecciones era importante lograr la designación de una comisión de Notables que validaran su triunfo. Hasta ahí llegaban los sectarismos interesados y las maniobras de intoxicación permanente de esos grupos que habían abrazado el antibalaguerismo como profesión, muy lucrativa por cierto para la mayoría de sus integrantes.

Con relación al computo final y a las recusaciones del doctor Fernández Naranjo y del doctor Suro, el candidato perdedor solo lo hizo para permitir que los suplentes de ambos, a los que tenía originalmente  como sus candidatos para jueces titulares y que motivaron, como hemos expresado en párrafos anteriores, la designación de la Junta Central Electoral por decreto, se pusieran al frente de la Junta. Obviamente eran “sus hombres” y “harían lo que le conviniera a su candidato y jefe político”.  No consideramos necesario abundar más sobre este tema.

En lo concerniente a las elecciones de 1990, que el reportaje publicado por Hoy le pone el epígrafe de: “1990: Elecciones bajo sospecha de fraude”, de nuevo se utiliza el argumento manido y estropajoso de que las elecciones en que el pueblo dominicano elegía al doctor Balaguer no podían ser limpias y transparentes, como al efecto lo eran.

La Junta Central Electoral para esos comicios estaba compuesta por el eminente jurista y ciudadano doctor Froilán Tavárez, a quien no se podía sindicar ninguna afinidad con el doctor Balaguer, al doctor Rubén Suro, distinguido ciudadano y  poeta, y a la doctora Olga Seijas Herero, jurista de grandes prendas morales. ¿Estaba esa Junta conformada por ciudadanos que se prestaran a manipulación alguna? ¿Puede argumentarse siendo honesto y fiel a la verdad histórica que esa Junta era proclive al doctor Balaguer o a candidato alguno? Lo que se diga en ese sentido no sería otra cosa que el producto directo del resentimiento y la actitud de muchos de enlodar reputaciones, así como de la mezquindad con que se pretende enjuiciar la figura política del  doctor Joaquín Balaguer.

Las conclusiones del informe  del  National Democratic Institute for International Affairs y The Carter Center of Emory University, mejor conocido como el informe Carter, en los dos primeros párrafos  dicen lo siguiente: “No hay duda que algunos aspectos de las elecciones del 16 de mayo presentan fallas. Todos los partidos, así como la JCE admiten la ocurrencia de irregularidades en el proceso. Al mismo tiempo, a pesar del estrecho resultado, a la delegación no se le presentaron evidencias suficientes que indicaran  suficientes irregularidades en el proceso de votación y en el de escrutinio que permitieran invalidar la victoria del presidente Balaguer.

Las irregularidades que fueron documentadas no favorecían a partido o candidato en específico en grado alguno de importancia. No podemos afirmar con certeza que no hubo fraude, pero todavía debe ser detectado y documentado. Debemos recordar también que en la víspera de las elecciones, en su encuentro con el señor Carter, Bosch había restado importancia a las irregularidades en el período de campaña. El estaba preparado para aceptar los resultados, siempre y cuando el escrutinio fuese correcto. Al llegar al final del cotejo, sin embargo, el PLD cambió de  parecer y comenzó a reenfocar sus quejas en problemas del período previo a las elecciones”

Hasta ahí una parte de las interesantes conclusiones del informe Carter y nos permitimos invitar a las nuevas generaciones a que lean por completo las mismas para su mejor edificación. La traducción, por cierto, es nuestra.

En lo concerniente a la referencia de que el Presidente y Vicepresidente electos tuvieron que prestar juramento ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia, este hecho es una muestra palpable de cómo se antepone el interés político partidarista al nacional. El Partido Revolucionario Dominicano mantuvo el tranque en la elección del bufete directivo del Senado de la República, solo para dejar mal parado al doctor Balaguer, cuando era el país el que ofrecía ese deprimente espectáculo, señal de la lamentable falta de madurez y de estabilidad que ofrecía en ocasiones su máxima dirigencia, sin detenerse a pensar que el pueblo siempre tomó debida nota de esas actitudes, las cuales se reflejarían en el futuro electoral de ese partido.

Finalmente señor director, estamos acostumbrados a la distorsión y al retorcimiento de los datos, solo al parecer cuando se trata de la figura política del doctor  Balaguer. En lo personal no nos extrañan ni nos molestan, pues sabemos de donde provienen. Esperamos con paciencia el supremo veredicto de la posteridad, única llamada, además de Dios, a juzgar las acciones del ser humano. Mientras, hago mías las palabras de Plinio El Joven en la carta en la que  explica la muerte de su tío a su amigo Tácito:

“Por mi parte, considero dichosos aquellos a quienes los dioses han concedido la gracia de realizar cosas dignas de ser escritas o de escribirlas dignas de ser leídas; y más afortunados todavía a los favorecidos con ambas gracias”.

El doctor Joaquín Balaguer fue favorecido con ambas, y siempre las puso al servicio  de sus connacionales y de los mejores intereses del país, pues como diría el Apóstol por Antonomasia: “era uno de esos hombres, escasos como los montes, que saben mirar desde ellos, y sienten con entrañas de nación, o de humanidad”.


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