Aacogiendo un pedimento de la defensa técnica de Jesús (Chu) Vásquez, al que se adhirieron los demás imputados en el caso Odebrecht, el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega, recesó la audiencia hasta el primero de octubre a las 9:00 de la mañana para que los imputados analicen las pruebas en su contra y produzcan los escritos que sean necesarios.
En cambio, rechazó otro pedimento de la defensa técnica de Conrado Pittaluga, y a la cual se opuso el Ministerio Público (MP), para que ordene la designación de tres peritos que analizarían, entre otras cosas, “graves tergiversaciones” que afirman, tiene la traducción de las delaciones premiadas que involucran a su cliente en los sobornos pagados por el consorcio brasileño.
El juez consideró extemporánea la solicitud de Pittaluga, en virtud de que aún el tribunal no ha sido puesto en conocimiento de las pruebas señaladas en la acusación.
Ambas decisiones las tomó el juez dee instrucción tras rechazar un recurso de oposición que hizo la barra de la defensa de Vásquez en audiencia, contra la sentencia dictada por el magistrado el martes, rechazándole una nueva solicitud de entrega del universo de todos los elementos que recolectó el MP durante su investigación.
Insisten en Punta Catalina. El abogado Jorge Luis Polanco consideró que para su defendido Chu Vásquez es muy importante que el MP le entregue la investigación de la termoeléctrica Punta Catalina en la que se determinó que no hubo sobornos, para compararla con la de Pinalito, aprobada durante la gestión de su cliente como presidente del Senado, y en la que dice que sí hubo soborno.
Preguntó por qué si tanto para Pinalito como para Punta Catalina fueron hechos todos los trámites en un tiempo normal, “incluso los de Pinalito en 23 días y Punta Catalina en 20”, la primera es irregular y la otra no.
El pedido de Pittaluga. Tras afirmar que el MP le ocultó 15 medios de pruebas, ya que solo le notificó 7, y en la acusación formal presentó 22, la defensa de Pitaluga solicitó la designación de los peritos Hiromi Castro Milanés, especializado en lavado de activos; Manuel de Jesús Pérez Hernández, intérprete judicial, y Diómedes Féliz González, contador.
La pretensión del imputado era hacer experticias a documentos de cuentas llegados de Barbados después de presentada la acusación, y se compruebe que en la traducción al español de las delaciones premiadas que están en el idioma portugués, el Ministerio Público alegadamente tergiversó cosas.
MP opuesto a peritaje. Los fiscales Milcíades Guzmán y Wilson Camacho se opusieron a tales pretensiones alegando que la etapa para ellos hacer ese pedimento precluyó.
Advirtieron que si el juez la aceptara, estaría retrotrayendo el proceso. En cuanto al plazo, consideraron que 20 días es un tiempo razonable.