Juez da plazo 30 días a EEUU para reunir familias separadas frontera

Ruben Garcia, director of the Annunciation House, speaks with migrant parents Tuesday, June 26, 2018, in El Paso, Texas. The migrants are some of the 32 parents separated from their children that are staying at the home as they wait to be reunited with their children. If the Trump administration has any hope of complying with a judge's order to reunite thousands of migrant children and parents within 30 days, it's going to have to clear away the red tape and confusion many immigrants have encountered so far. (AP Photo/Matt York)
Ruben Garcia, director of the Annunciation House, speaks with migrant parents Tuesday, June 26, 2018, in El Paso, Texas. The migrants are some of the 32 parents separated from their children that are staying at the home as they wait to be reunited with their children. If the Trump administration has any hope of complying with a judge's order to reunite thousands of migrant children and parents within 30 days, it's going to have to clear away the red tape and confusion many immigrants have encountered so far. (AP Photo/Matt York)

La cuenta regresiva avanza para el gobierno del presidente Donald Trump luego de que un juez ordenara que los niños y padres migrantes que fueron separados por la fuerza en la frontera suroeste del país sean reunificados en 30 días, antes incluso si son menores de 5 años.
El límite lo impuso el juez Dana Sabraw en San Diego el martes luego de que la orden de Trump de poner fin a su política de separar familias de inmigrantes dio pie a incertidumbre, información contradictoria y el silencio de la administración ante la pregunta de cuándo volverían a verse padres e hijos. “La situación llegó a un nivel crítico”, escribió Sabraw.
El fallo genera una serie de problemas logísticos para el gobierno y no quedó claro cómo cumplirían con la fecha límite.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos, a cargo de los niños, dirigió las preguntas al Departamento de Justicia que, a su vez, dijo que el fallo hace “incluso más imperativo que el Congreso actúe para darle a los agentes federales la capacidad simultánea de hacer cumplir la ley y mantener a las familias unidas”. “Sin esta acción del Congreso, continuará la ilegalidad en la frontera”, dijo.
Sabraw especificó que los niños menores a 5 años deberán ser reunidos con sus padres en 14 días. También emitió una orden de alcance nacional contra futuras separaciones de familias, a menos que el padre sea considerado no apto o no quiera estar con el niño, y ordenó que el gobierno proporcione contacto telefónico entre padres y sus hijos en próximos 10 días.
La decisión del juez fue en relación con una demanda entablada en marzo por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), a nombre de una niña de 7 años separada de su madre congolesa y de un niño de 14 años arrebatado de su madre brasileña.
“Lágrimas correrán en los centros de detención a lo largo del país, cuando las familias se enteren que serán reunificados”, dijo Lee Gelernt, abogado de ACLU.
En cuando a si la fecha límite es realista, Anthoy Romero, director ejecutivo de ACLU dijo: “Reunir a 2,000 niños, que probablemente son menos que el número de llegadas al JFK en un día de mucho tránsito, no debería ser problema para el gobierno federal de Estados Unidos si decide hacerlo una prioridad”. “Es una cuestión de voluntad política, no de recursos”, agregó.
Más de 2,000 menores de edad han sido separados de sus padres y colocados en albergues. Muchos vienen de Guatemala, Honduras y El Salvador, países devastados por la violencia.
Comisión DD.HH. México
Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México emprendió acciones en varias ciudades del estado de Texas para monitorear la condición de familias que están separadas. El organismo afirmó que quiere “elaborar un diagnóstico más amplio y objetivo de la situación que permita el diseño de las mejores estrategias para su defensa”.
Los visitadores adjuntos se establecieron en ciudades McAllen, Houston y Brownsville, donde se localizan centros de detención de personas migrantes. Allí acudirán a consulados mexicanos que se encuentran en el estado para entrevistar servidores públicos y establecerán contacto con organizaciones defensoras de derechos humanos en EU. Asimismo, recabarán testimonios de mexicanos y escucharán inquietudes de aquellas familias que están ante posible deportación.


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