El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) impuso ayer una garantía económica de RD$5 millones, impedimento de salida del país y presentación periódica como medida de coerción a Bernardo Castellanos de Moya, exdirector técnico de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), acusado 14 en el caso Odebrecht.
Marino Elsevif, abogado de Castellanos, dijo al salir de la audiencia que esa decisión del magistrado permitirá que su defendido comparezca libre al proceso.
Agregó que el juez Francisco Ortega tomó la decisión que correspondía conforme a derecho, ya que la libertad es la regla en el Código Procesal Penal y la excepción es estar preso.
Los representantes del Ministerio Público (MP) no quisieron opinar sobre la sentencia de Ortega.
Debates de audiencia. En la audiencia el MP persistía y reveló que este “se dio a la fuga” porque se enteró a través de un oficial que presta servicio en la SCJ, de que iba a ser arrestado.
“Nos consta que el encartado estaba debidamente enterado de todo lo relacionado con esta investigación, porque el MP tiene un departamento exclusivo que se dedica a investigar este caso, y detectó que un oficial que prestaba servicios en la SCJ y que vive en el mismo residencial que el ingeniero Castellanos de Moya, lo mantenía al tanto de todo”, dijo Milcíades Guzmán, representante de la parte acusadora.
Mientras que el abogado de Castellanos afirmó que este salió del país a Guatemala el 17 de mayo sin impedimento o requerimiento legal de parte del MP y que la orden de arresto contra todos los imputados en el caso Odebrecht se produjo el 26 de ese mes.
“Esa orden no fue cumplida porque el MP que tenía que tener la vigilancia de la alta policía, debió saber que él salió el 17 de mayo, porque si bien es cierto que esta investigación es seria y que tiene mucho valor para la sociedad, no es menos cierto que los oficiales investigadores tienen que tomar las medidas condignas, y no lo hicieron”, dijo.
Acusación falsa. La defensa de Castellanos de Moya sostuvo que el MP no ha presentado pruebas graves, ciertas y concordantes que hagan presumir ningún tipo de culpabilidad de Castellanos de Moya en el caso de los US$ 92 millones de sobornos pagados por Odebrecht.
Afirmó que Castellanos no está vinculado ni participó en la supervisión ni conclusión de ningún proyecto hidroeléctrico y que cuando se inicio el de Pinalito no era empleado de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), donde fue director de proyectos hidroeléctricos entre agosto del 2000 y el 2004.
Castellanos de Moya es acusado por el MP de aceptar dinero para la contratación de la Hidroeléctrica Pinalito y las adendas I, II y III.