La jueza del Tribunal Superior Electoral (TSE) Mabel Féliz, quien aspira a esa misma posición, consideró hoy que las objeciones presentadas por distintos sectores en contra de los actuales jueces de ese tribunal, pudiera tener su origen en que en su ejercicio dan soluciones jurídicas a conflictos políticos.

Féliz se expresó en estos términos al responder a preguntas de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en el marco de las vistas públicas que se celebran para los aspirantes a jueces de las altas cortes, en el Salón Verde del Palacio Nacional, donde también han participado  John Guiliani Valenzuela,  José Alejandro Ayuso, Samir Rafael Shami Isa, Marco A. Cruz García, Rhina Alessandra Díaz Tejada, entre otros.

Ante la pregunta de a qué atribuye las 18 objeciones que tiene el CNM, de unas 30 en total, en contra de los jueces del TSE, señaló que ese tribunal es relativamente nuevo y que, en ausencia de la ley de partidos, ha tenido que jugar un rol muy importante. Agregó que los jueces «no podemos ser imparcial» con las dos partes en conflicto, tras indicar que es necesario favorecer a uno u otro, valorando siempre las pruebas.

Féliz aseguró que no se arrepiente de ninguna sentencia emitida por el TSE y que en diferentes ocasiones ha dado su voto disidente, cuando así las circunstancia lo amerita «No me arrepiento. Cuando he tenido que dar un voto en contra, lo he dado», enfatizó. Agregó  que no milita en ningún partido político.

Cuatro hijos en el Estado. En tanto que en su intervención, el también miembro de TSE John Guiliani Valenzuela, dijo en respuesta a una pregunta sobre su afiliación política y la influencia que tendría en sus decisiones, que nunca sus manos han firmado una inscripción para registrarse en un partido político.

«Nunca mis manos han firmado una inscripción para registrarme en un partido político. Yo reto a cualquiera que me lo pruebe», aseguró Guiliani Valenzuela, quien señaló que previo a su nombramiento como juez tenía 20 años en el ejercicio de su profesión a tiempo completo como abogado, sobre todo en materia civil, por lo que no tenía tiempo de seguir ninguna línea política.

Al ser cuestionado sobre las objeciones presentadas en su contra, en relación a que cobraba en el TSE y a su vez también era beneficiado con una pensión en la Junta Central Electoral (JCE), Guiliani Valenzuela dijo que por cuestiones éticas, renunció a esa pensión antes mencionada aunque el reglamento le otorga el derecho de recibirla.

Aseguró que no la retiró antes de lo previsto porque «no reparó» en ese detalle y se dio cuenta después, por lo que decidió su inmediato retiro justo cuando lo hizo para entonces el actual presiente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán.

Cuestionado sobre si tiene hijos trabajando en el Estado, admitió que cuatro de ellos trabajan actualmente en esta administración, en instituciones como Industria y Comercio, como asesor; Dirección de Ética Gubernamental, abogada, y Ministerio de Haciendas.

Respecto a los organismos o personas que lo objetan, dijo que solo son cinco, entre ellos Guido Gómez Mazara. Agregó que solo se cuestiona a él, porque todo se trata de un asunto de carácter político.

Otras intervenciones. El aspirante José Alejandro Ayuso dijo que en la administración de justicia electoral, los jueces no deben ser militantes de partidos, tras indicar que eso afectaría a la hora de tomar las decisiones.

Resaltó que él apoyó tres candidatos en las elecciones pasadas, de distintos partidos. «Ese movimiento era coyuntural, ya no existe. Simplemente tenía el objetivo de apoyar el presidente de la República. Pero a nivel municipal yo apoyé candidatos de otros partidos. Es mi derecho, ya que no militó en ningún partido».

En tanto que Samir Rafael Shami Isa criticó en parte el accionar de los actuales miembros del TSE, tras indicar que en muchos casos no han actuado con la debida transparencia, aunque en otros sí.

Precisó que su intención en ser miembro del TSE se fundamenta en su necesidad de realizar los aportes al país desde dentro de esa institución, apegado a la leyes y la Constitución de la República.