Juez Ortega decidirá incidentes y excepciones en audiencia

El Ministro de Obras Públicas, Ing. Víctor Díaz Rúa contesta sobre la reconstrucción de Haití: "Si Haití está bien, nosotros también"

HOY/ Maya Oviedo
IMAGEN DIGITAL 18/08/2010

El juez de la Instrucción especial, Francisco Ortega, decidió discutir y fallar en la audiencia preliminar el martes los incidentes y excepciones presentados por Víctor Díaz Rúa, Jesús (Chu) Vásquez y el senador Tommy Galán, tres de los encartados en el caso Odebrecht.
El magistrado Ortega adoptó la decisión mediante resolución número 003-2018, emitida el pasado 30 de julio, y acogiéndose a lo dispuesto en los artículos 298, 299, 300 y 305 del Código Procesal Penal.
Lo que quiere Díaz Rúa. En su escrito de incidentes y oferta probatoria dirigido al juez Ortega, el exministro de Obras Públicas le pide declarar su incompetencia y enviar su caso a una jurisdicción ordinaria, en virtud de que él no ostenta ninguno de los altos cargos ni funciones establecidos en la Constitución.
Sus abogados, Miguel Valerio y Ramón Núñez, afirman que sustraer a su defendido de la jurisdicción ordinaria previamente establecida en el artículo 73 del CPP, no solo conlleva la violación al juez natural, sino también una afectación de la tutela judicial efectiva y al debido proceso.
Resaltan que el procesamiento de Díaz Rúa en la jurisdicción especial podría conllevar un enjuiciamiento en instancia única, mientras que en la ordinaria se le asegura el derecho no solo al recurso de apelación sino también el de casación
Afirman que el cause procesal para promover una solución a la situación de su defendido es el de la excepción de incompetencia contemplada en el artículo 54, numeral 1) del CPP, por lo que solicitaron al juez Ortega acoger la misma y declinar el caso por ante el juez coordinador de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, para que proceda como corresponde.
Galán se siente discriminado. El senador peledeísta considera dice que el Ministerio Público violentó el principio de igualdad y razonabilidad en su perjuicio, y lo colocó en una situación de discriminación.
Esto así, según sus abogados José Ricardo Taveras y Ramón Ventura, partiendo de que los perfiles de lavado con los que el MP pretende llevar a Galán a juicio de fondo, expresan gran similitud con los de los beneficiados con el archivo provisional de sus casos.
Se refieren al también senador Julio César Valentín y el diputado Alfredo Pacheco; César Sánchez, Radhamés Segura, Temístocles Montás, Bernardo Castellanos, Máximo DÓleo Ramírez y Ruddy González.
Dicen que si bien es cierto que el tribunal resolvió, mediante Auto No. 04-2018 del 29 de junio, ordenar la reposición de plazos a favor de las partes acusadas, “esa restitución no subsana en lo absoluto la indefensión causada al impetrante”, por la inobservancia del MP al no comunicar al proceso ni a las partes, las resoluciones motivadas de los archivos que beneficiaron a 8 encartados en la etapa de medidas de coerción.
En ese sentido, solicitan al juez Ortega ordenar a la PGR depositar las resoluciones motivadas mediante las cuales dispuso el archivo provisional de la investigación e imputaciones de 8 encartados; que las mismas le sean notificadas, y darles un plazo de 10 días para la ampliación y depósito de su defensa.
Chú quiere pruebas. El exsenador se quejó de que en tres ocasiones ha solicitado al MP las pruebas en su contra y éste no le ha hecho caso, por lo que pidió al juez ordenar al Procurador y a la PEPCA entregarle “ el universo de las pruebas reunidas durante su investigación y que sean distintas a las que acompañan su acto conclusivo presentado el 7 de junio; y suspender el cómputo plazo de diez días hasta tanto obtemperen.
Los otros imputados son Ángel Rondón, Andrés Bautista, Conrado Pittaluga y Roberto Rodríguez.