El juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Fran Soto rechazó declinar la solicitud de levantamiento de oposición al traspaso de bienes del senador Félix Bautista al tribunal apoderado de la acusación por lavado de activos y corrupción contra el legislador.

Asimismo, Soto excluyó del proceso a representantes de la sociedad civil y convocó para hoy a las 9:00 a.m. la continuación de la audiencia en la que Bautista busca que se levante el bloqueo a numerosos bienes suyos y de varios socios, impuesto por la Procuraduría General.

El Ministerio Público, encabezado por el procurador general adjunto Carlos Castillo, había solicitado la declinación alegando que ya la fase investigativa en torno a la licitud o no de la adquisición de los bienes había concluido, por lo cual es el juez de la Instrucción Especial, Alejandro Moscoso Segarra, quien tiene la competencia para conocer todo el expediente.

En tanto que la defensa de Bautista, encabezada por Juan Antonio Delgado, Marino Féliz y Pedro Balbuena, señaló que Soto debía conocer la solicitud porque había sido designado previo a que el Ministerio Público hiciera formal acusación contra el legislador.

Además, planteó que el bloqueo de acceso a los bienes se trata de conculcación del derecho a la propiedad.

Soto acogió los argumentos de la defensa y se declaró competente para conocer la solicitud de levantamiento de oposición a los bienes.

Además objetó a procuradores adjuntos para ser pedidos de fondos, lo cual está limitado a un fiscal general. Castillo señaló que por ley los adjuntos podían auxiliarle en el proceso.

Exclusión sociedad civil. El juez también acogió una petición de la defensa de Bautista de excluir del proceso a los representantes de los grupos de la sociedad civil como Ciudadanos contra la Corrupción (C3), Convergencia Nacional de Abogados (CONA) y la Alianza contra la Corrupción (Adocco), alegando que su inclusión se debió a un error de la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia.

Remberto Pichardo, de C3, alegó que no podían ser excluidos porque el día anterior se había constituido como querellante en el caso de lavado de activos.

Además, advirtió que si los bienes objeto de la investigación eran desbloqueados corrían el riesgo de ser traspasados a terceros, por lo cual el Estado no podría recuperarlos en caso de que el senador sea declarado culpable del crimen de lavado de activos.