Al dejar la Presidencia de la República, en agosto de 1986, el doctor Salvador Jorge Blanco y una docena de antiguos colaboradores fueron acusados de desfalco contra el Estado por el Gobierno del presidente Joaquín Balaguer.

Conforme las acusaciones presentadas, el Gobierno de Jorge Blanco había hecho compras a través de las Fuerzas Armadas a empresas del propio mandatario por valor superior a los 25 millones de pesos, que implicaban bienes sobrevaluados. Las imputaciones de malversación fueron interpuestas de manera formal el 7 de octubre 1986, por un grupo de abogados, con el doctor Marino Vinicio Castillo a la cabeza.

El exmandatario fue interrogado el 29 de abril de 1987 por la doctora Francisca Concepción Martínez, de la Séptima Cámara Penal, que ordenó prisión contra el gobernante.
Cuando escuchó el dictamen el expresidente salió repentinamente del Palacio de Justicia, se internó en su residencia de la calle Juan XXIII, sector Naco, y de inmediato llamó al secretario general del Partido Revolucionario Dominicano, doctor José Francisco Peña Gómez, para ofrecerle algunas informaciones al respecto.

En horas de la noche el líder perredeísta acudió al llamado, acompañado del agrónomo Hipólito Mejía, el doctor Hugo Tolentino Dipp y Johnny Ventura.
El inculpado les planteó que gran parte del interrogatorio a que fue sometido había versado sobre asuntos relacionados con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Jorge Blanco, conforme relatos de Peña Gómez, dijo que contrariamente a lo que se afirmaba de él, era uno de los pocos gobernantes latinoamericanos a quien el Gobierno de los Estados Unidos no le había podido detectar una sola cuenta en dólares en el exterior y reiteró su inocencia diciendo que tenía en esos momentos menos bienes que los que poseía antes de asumir la Presidencia.

La conversación entre Jorge Blanco y Peña Gómez en momentos subió de tono, porque el ex gobernante insistía en su inocencia, mientras el dirigente perredeísta le recalcaba que el origen del proceso era de carácter eminentemente político. El secretario general del PRD le comunicó que su arresto en horas de la mañana del siguiente día era inevitable, a lo que Jorge Blanco respondió que eso “está decretado de antemano”. Peña Gómez y sus compañeros le expresaron que no convenía ni a él (Salvador), ni al partido ni a nadie que fuera encerrado como un delincuente cualquiera en la preventiva y que el mal menor era que “pudiéramos transformar esa prisión en un arresto domiciliario que le permitiera organizar mejor su defensa y ganar tiempo”.

En una comparecencia televisiva, Peña Gómez se pronunció a favor del arresto domiciliario y para evitar la detención de Jorge Blanco, envió un mensaje directo al presidente Balaguer, quien se manifestó en disposición de que se materializara el confinamiento hogareño, “siempre y cuando se hiciera una solicitud formal al procurador general de la República, doctor Ramón González Hardy”.

Peña Gómez dijo que no hubo tiempo de implementar la medida, porque cuando el procurador se presentó a la residencia de Jorge Blanco a ejecutar el arresto domiciliario, “el expresidente se había asilado en la embajada de Venezuela, ya que en horas de la mañana fue sobrecogido por una crisis cardíaca que motivó el auxilio del cardiólogo Bernardo Defilló, que recomendó su ingreso a una clínica especializada”. Desde ese centro, previa autorización de excarcelación, Jorge Blanco pudo viajar a Atlanta, donde recibió asistencia médica.

En ese ínterin la doctora Pura Luz Núñez sustituyó en la Procuraduría General de la República al doctor González Hardy, a quien Balaguer públicamente cuestionó supuesta lentitud en la materialización de algunos casos judiciales, en obvia referencia al juicio contra Jorge Blanco. En respuesta a una pregunta periodística sobre su posible injerencia en el proceso, el 8 de julio de 1988, Balaguer respondió textualmente:

¨He procedido desde el primer momento con absoluta imparcialidad. Si estuviera detrás del proceso hace tiempo que hubiese terminado con los acusados en La Victoria, en vez de estar en el exterior”. (En ese momento Jorge Blanco se encontraba fuera del país y también habían abandonado el territorio dominicano José Michelén y Fulgencio Espinal, funcionarios del anterior Gobierno) El exmandatario regresó al país a fines de noviembre del año 1988 y en un helicóptero oficial fue trasladado desde las escaleras del avión en el Aeropuerto de las Américas al aeropuerto de Herrera, y de allí se le trasladó en automóvil a la cárcel preventiva del Ensanche La Fe. La primera audiencia se celebró el 10 de abril de 1989, bajo la presidencia del doctor Juan María Severino, y tres meses después el juicio fue aplazado, luego que se permitiera a Jorge Blanco acompañar a su esposa, doña Asela, a un viaje a Estados Unidos, donde sería asistida de la dislocación en un tobillo producto de una caída mientras visitaba a Jorge Blanco en la cárcel.

Libres. Jorge Blanco y su secretario de las Fuerzas Armadas, general Manual Antonio Cuervo Gómez, fueron puestos en libertad a mediados de septiembre de 1991, luego que la Suprema Corte de Justicia les otorgara libertad provisional mediante el pago de una fianza de dos millones de pesos cada uno.

El presidente perredeísta cubrió el período 1982-86 y los primeros años de gestión fueron reputados positivos, como fue la implementación del programa Promese. La poblada del 23 de abril de 1984 que siguió a la Semana Santa y la incógnita en la muerte del casacambista Héctor Méndez, en el año 1985, fueron dos de las principales sombras de su Gobierno.

Pocos meses después de asumir el presidente Hipólito Mejía instruyó al procurador general de la República, doctor Virgilio Bello Rosa, dejar sin efecto el interés del Estado en el denominado “Juicio del Siglo”, hace ahora 28 años.