El jurista Nassef Perdomo afirmó ayer que la asignación presupuestaria del Poder Judicial no es reclamable ante el Tribunal Constitucional (TC) porque no está establecida constitucionalmente sino que se encuentra en una ley.

Dijo que aún en el caso de que la alta corte acceda a intervenir en un caso como ese, lo que puede hacer es emitir una sentencia exhortativa para que se produzca esa colaboración en la preparación del presupuesto.

El experto constitucionalista respondió así el planteamiento hecho por la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) ante la queja del presidente del PJ, Mariano Germán, por la falta de recursos para el sistema de justicia.
La FINJUS le sugirió acudir ante el TC a través de un conflicto de competencia, a reclamar al Poder Ejecutivo la entrega del 2.66% del PIB, establecido en la Ley número 194-04.
Caso es complejo. Perdomo refirió que en la sentencia TC/0001/15 el Tribunal Constitucional estableció que los órganos con autonomía constitucional reconocida (Cámara de Cuentas, Junta Central Electoral y otros) tienen facultad constitucional para participar en la preparación del presupuesto.

Agregó que aunque el Poder Judicial no es un órgano extrapoder, sino uno de los poderes del Estado, el TC le aplica los mismos principios porque tiene su autonomía administrativa y presupuestaria reconocida por el Párrafo I del artículo 149 constitucional.

“Sin embargo, el monto específico que correspondería al Poder Judicial no está constitucionalmente establecido sino que se encuentra en una ley. Esto quiere decir que no es reclamable ante el Tribunal Constitucional por tratarse de un asunto de mera legalidad”, subrayó.
Dijo que por eso el TC lo que manda en su sentencia es que estos órganos participen en la elaboración del Presupuesto General y que las partidas que les sean asignadas no respondan únicamente a la voluntad del PE y el Congreso.