Los que defienden el derecho de los empresarios, industriales y/o comerciantes multimillonarios a no ser “castigados” o “maltratados” con impuestos fundamentados en la solidaridad, alegan que, si se oprime a ese sector, ellos responden suprimiendo personal o aumentando el precio de sus productos explotando al consumidor.

A mediados del pasado siglo, el paternalismo gubernamental respondió creando las empresas “estatales” y fortaleciendo el cooperativismo para demostrarle a los poderosos que se puede crear riqueza colectiva y repartirla equitativamente, lo cual no pasó de ser un sueño convertido en pesadilla por los políticos, transformando esas empresas en una porquería económica y financiera, enfermas con el cáncer de la corrupción y el clientelismo, con excepción de las que eran monopolios y dos o tres que ocasionalmente lograron tener administradores honestos.

Las cooperativas se han debatido en un sube y baja, con las zancadillas de políticos o miembros directivos corruptos. Algunas tienen la medalla de la supervivencia a pesar de esos obstáculos.

Del análisis anterior surgen algunas preguntas tontas: Primero, ¿se puede hablar de justicia fiscal cuando la solidaridad no se aplica para que los pobres y los ricos no tengan el mismo nivel de tributación? Segundo ¿por qué no cobrar más impuestos a los que más tienen para que los que no tienen nada tengan algo? Tercero ¿podría concluirse que al Presidente Medina se aplica en este caso la enseñanza balaguerista de que hay “teclas” que no se pueden tocar? y cuarto ¿es que sencillamente el poder económico aplasta todos los poderes del Estado?

Antes, cuando esto último ocurría se hablaba de “capitalismo”; ahora, con los avances lingüísticos que hemos tenido, podría llamarse “sinvergüencismo”.