En el marco de un ambiente internacional de exageraciones y distorsiones sobre la realidad, autoridades haitianas han echado más leña al fuego acusando sin fundamento a este país de amenazar al suyo con deportaciones masivas de inmigrantes, con consecuencias críticas en lo social y en lo político en la vecina nación. Incluso con la falsedad de que ya ocurrieron repatriaciones forzadas. Con sus denuncias agregan elementos negativos a una situación delicada para el Estado Dominicano que, no obstante, en este momento cuenta con apoyo a nivel nacional para su propósito regulador, autoridades a las que probablemente solo se les podría reprochar que en algún momento pasado se excedieran en presagiar expulsiones automáticas realmente impracticables.

No obstante, la Cancillería y voces de igual nivel oficial se han empleado a fondo últimamente por mostrar que aquí se aplican con legitimidad controles migratorios en un marco de respeto a los derechos humanos. Algunos países y organismos multilaterales, que se pronuncian a partir de una percepción equivocada, deberían modificar su actitud con sentido de imparcialidad para una mediación que borre malos entendidos entre República Dominicana y Haití y genere un clima de serenidad y buena vecindad entre ambos sobre la base de que el presidente Martelly acaba de decir que prefiere un diálogo directo entre las partes.

Niños en roles perjudiciales

El trabajo infantil como problema social permanece en nivel preocupante. Un 16% de niños y niñas hacen algún tipo de trabajo forzados a faenas propias de adultos que interfieren de alguna forma con la obligación de estudiar, incluso apartándolos totalmente de las aulas. La rápida creación de más infraestructuras para docencia, incluyendo la tanda extendida, augura avances contra ese mal.

Pero existen en contra condiciones de pobreza, de irresponsabilidad y de falta de conciencia. Debe actuarse legalmente contra la costumbre de procurar que los muchachos aporten al ingreso familiar haciéndoles víctimas del criterio de que “lo primero es comer y luego ver si se estudia”. Además de fomentar con ayuda social la matriculación escolar, los abusos a menores en ese sentido no deben quedar sin sanción.