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Entre los sectores más representativos de la sociedad dominicana existe un amplio y creciente consenso acerca de la necesidad y urgencia de una reforma educativa, manifestado en su interés por el fiel cumplimiento del Pacto Nacional por la Reforma del sector suscrito, el primero de abril del 2014, por el Gobierno dominicano y los principales actores de nuestra vida económica, política y social, con la presencia en calidad de testigos, de expertos e invitados especiales convocados por el presidente Danilo Medina.
En un mundo globalizado, orientado y conducido por tratados y acuerdos internacionales, aquellos individuos con amplios conocimientos y destrezas tienen más y mejores oportunidades de beneficiarse de la integración económica mundial y de prosperar más al amparo de la misma. Pero no sucede igual con la mayoría de las gentes. En todo el mundo capitalista existe una clara asociación entre la pobreza y la educación hasta el punto que por pobres se entiende aquellos individuos con bajos niveles de educación y, en el mejor de los casos, dedicados a labores de escasa remuneración.
En lo referente a la educación preuniversitaria, concebimos un paquete básico de reformas con tres principales componentes: una mayor cobertura básica localizada en las comunidades rurales de bajos ingresos; nuevos enfoques para mejorar la calidad de la enseñanza, enfatizando el fortalecimiento de la formación docente; y una mejor gestión escolar basada en la descentralización y el control del presupuesto empleado.
En lo referente a la educación superior, debemos definir los principios orientadores de la transformación de la misma y elaborar planes de reforma que permita a este nivel educativo “mejorar la pertinencia y calidad de sus funciones de docencia, investigación y extensión, ofreciendo igualdad de oportunidades a todas las personas a través de una educación permanente y sin fronteras, donde el mérito sea el criterio básico para el acceso, en el marco de una nueva concepción d la cooperación internacional”.
La organización y ejecución de algunos de esos eventos ha tropezado con obstáculos aparentemente insalvables debido a la coexistencia e interacción de diversos factores y circunstancias del entorno educativo. Cabe destacar la polémica desatada entre académicos y políticos por las interpretaciones y recomendaciones de diversas agencias y expertos internacionales respecto a las estrategias de cambio y desarrollo internacional: los de la ADP se manifiestan contrarios al diario quehacer de las autoridades del Ministerio de Educación; los de la UNESCO nos recomiendan unas cosas y los del Fondo Monetario otras. Otro elemento obstaculizador ha sido la reducción y reorientación de las inversiones en el nivel superior decidida en el marco de las políticas macro-económicas adoptadas en el país atendiendo a recomendaciones de organismos financieros internacionales.
En lo que al parecer todos estamos de acuerdo es en lo expresado por Álvaro Machesi, secretario general de la Organización de Estados Ibéricos (OEI), en el sentido de que “la calidad de la educación de un país no es superior a la calidad de su profesorado” y en que de ahí “la prioridad que la gran mayoría de las reformas educativas otorga al fortalecimiento de la profesión docente”.