El Estado es responsable de que grupos delincuenciales se sientan tan protegidos por las estructuras de poder creadas a la sombra de la corrupción y el narcotráfico, que se atreven a planificar crímenes como los cometidos por Quirinito Castillo y Argenis Contreras sin ningún miramiento.
Esta apreciación pudiera parecer tremendista si los señalados casos no fueran tan recientes y si la justicia no se hubiera convertido en un instrumento de blindaje a favor de individuos que por ostentar posiciones públicas, políticas o económicas relevantes, gozan de total impunidad.
Es en el marco de esta situación que se origina la amenaza contra la periodista Alicia Ortega, amenaza que afecta a la prensa nacional por representar esta comunicadora uno de los pocos ejemplos de periodismo serio, cuestionador y responsable con que cuenta el país.
Las circunstancias que rodearon el secuestro y posterior asesinato del comunicador José Silvestre son típicas de grupos mafiosos protegidos por personeros del poder civil y militar, incluyendo figuras públicas que se asocian con delincuentes y se prestan, impunemente, al lavado de dinero mal habido.
Las sospechosas muertes de tres testigos en el caso, la tranquilidad que manifiesta el principal implicado en el asesinato de referencia, señor Matías Avelino Castro, la libertad que disfruta quien alquiló la jeepeta usada en el crimen y el desistimiento de la familia de la víctima, evidencian un temible y tenebroso poder.
Por eso, hizo bien Alicia en denunciar la amenaza proferida en su contra y corresponde a las autoridades garantizar su integridad física, y a la sociedad mantenerse en actitud de vigilancia y solidaridad con quien representa un bastión de ética, valor y responsabilidad profesional.