El colega Jhonatan Liriano siempre dice que los salarios son la forma más directa que tiene la gente, al menos el pueblo llano, de percibir la mejoría, el crecimiento económico.
Por eso siempre me ha parecido contradictorio que en la última década y media, República Dominicana haya alcanzado, exhibido y pregonado un crecimiento económico envidiable, con un promedio de 5% anual, que la coloca en una posición cimera frente a los países de la región, y que, sin embargo, los salarios de la gran mayoría se hayan estancado y en algunos casos devaluado, siendo un 20% inferior al nivel del año 1999.
El dato, por demás estremecedor, es una de las revelaciones que hace la reciente investigación de la Fundación Juan Bosch y del ISCOS, titulada «Caracterización de la clase trabajadora en República Dominicana: aportes para la acción social y sindical y la construcción de políticas públicas equitativas en el trabajo».
Y no es que no haya productividad, sino que esos beneficios no llegan a los trabajadores, ensanchándose la desigualdad presente en la distribución de la riqueza en el país, y que impide que en barrios, campos y zonas del país se sientan los aires del cacareado progreso económico de la nación.
De hecho, la clase trabajadora dominicana sigue percibiendo salarios de miseria, y no ha valido que ni el mismo Presidente de la República haya dicho el 27 de febrero de 2017, en su rendición de cuentas número cinco, que “No podemos avanzar con salarios de miseria”. Todavía, datos de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo, que hace el Banco Central, evidencian que los ingresos del trabajo del 60% de los dominicanos no alcanzan a cubrir ni siquiera la canasta familiar calculada para la población más pobre.
Y no es sólo un problema cuantitativo, en lo cualitativo el mismo estudio determinó que los derechos laborales son una especie de ficción jurídica, porque aunque a nivel de leyes y códigos se avanzó en un momento, el cumplimiento, seguimiento e información no es satisfactorio.
Niveles escasos de sindicalización, poca transparencia en las discusiones del Comité Nacional de Salarios y ausencia de datos en torno al ejercicio de derechos como la negociación colectiva o la participación en los beneficios de las empresas, son muestra de esto.
Por eso, aunque en el marco de una posible revisión del salario mínimo, algunas asociaciones y empresas comerciales están argumentando ilegalidad, yo digo que, por el contrario, hay que subirle algo y en honor a la legitimidad revisar también el resto de los salarios. ¡Claro está! Para eso la clase trabajadora dominicana debería tener quien le escriba.